Educación desoye la petición de traslado planteada por los padres del joven naronés, que vuelve con terror a las aulas
18 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La vida sigue igual. El título de la célebre canción resume al dedillo la situación escolar del estudiante naronés que desde hace años (al menos cinco) viene sufriendo insultos, vejaciones, amenazas e incluso puñetazos y patadas por parte de un grupo de cinco compañeros. Y también resume el lamento del menor y de sus progenitores ante el arranque del nuevo curso. Ayer volvía a clase. Y junto a él, sus agresores, que, a pesar de la desesperada petición de los padres, Educación ha optado por mantener en el mismo instituto.
Los peores augurios se cumplieron. La consellería no ha movido ficha y, tal y como informaron los padres del joven acosado tras la reunión celebrada la pasada semana con las autoridades educativas, mantiene a los presuntos agresores en el centro.
Ni la sentencia que condena a la Administración a indemnizar con 3.000 euros al menor por no haber garantizado la protección del joven de 16 años que inicia el bachillerato, ni la mediación de la Asociación contra el Acoso Escolar ni la denuncia pública de la familia han valido de nada, porque, como concluía ayer el padre, «todo sigue igual».
«En el centro repiten una y otra vez, en relación con los acosadores, que son menores de edad y que tienen derechos, y yo pregunto si mi hijo no los tiene», sentencia la madre del estudiante acosado, quien recuerda además que la ley de convivencia escolar establece que «debe primar siempre el interés de la víctima sobre cualquier otra consideración» y que «no puede haber contacto entre el acosado y los causantes de la situación de acoso». Algo que en Narón se seguirá produciendo, a pesar de que a menos de 50 metros hay otro instituto.
«Absoluta ilegalidad»
Ni la Xunta ni la dirección del centro entran a valorar la situación creada -«se mantienen dentro de la más absoluta ilegalidad», apunta la presidenta de la Asociación de Acoso Escolar, Encarna García-, aunque, según confirmaba ayer Educación, «co ánimo de evitar posible brotes, activouse hai dez días o correspondente protocolo, de tal xeito que, como se detecte o máis mínimo indicio de que se repite a problemática, se activarán, ata as súas últimas consecuencias, todas as ferramentas dispoñibles».
Ayer, el joven comprobó, eso sí, que, gracias a la decisión de dividir las clases optativas que compartían, al menos no coincidirá con ninguno en la misma aula. Pero de un posible traslado, ni hablar. «Estase cumprindo non só a lei de convivencia, senón tamén as resolucións xudiciais: [...] o fallo non establece que haxa que expulsar a ningún alumno», anota la Xunta.
«A pesar de que la sentencia acredita que el acoso persiste, Educación dice que tenemos que probarlo», insisten los padres, que aportan un escrito de la consellería fechado en septiembre del 2017, que apunta que «non resultan en ningún caso discutidos os feitos que fundamentan a súa reclamación». Ayer desde el Gobierno gallego afirmaban no tener constancia de queja alguna desde hace dos años.
En estas circunstancias, su única esperanza es que la Justicia intervenga. «Ya dimos orden al abogado de que pida al juzgado que se cumpla la ley.», afirma su padre. «Haremos cuanto esté en nuestras manos para que nuestro hijo no tenga que cruzarse con los cuatro agresores que siguen en el centro». Hasta que lo logren, el joven seguirá reviviendo su drama cada día.