El desalojo exprés de okupas que entró en vigor en julio empieza a ejecutarse en Galicia

Fuentes jurídicas creen que la ley da respaldo a los propietarios, pero no soluciona el problema de fondo: la falta de alquileres bajos

Los expertos aseguran que el problema de fondo es la falta de alquileres a precios adecuados para colectivos vulnerables
Los expertos aseguran que el problema de fondo es la falta de alquileres a precios adecuados para colectivos vulnerables

Redacción / La Voz

Las primeras demandas para acceder al desahucio exprés de okupas comienzan a aflorar en Galicia siete meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil que recoge este proceso. El atasco en el registro de asuntos provocado por la huelga en los juzgados gallegos a principios del 2018 es la razón por la que los procesos están empezando a llevarse a cabo aunque la reforma está en vigor desde julio.

De este modo, procedimientos derivados de la ocupación de viviendas en la que no mediaba un contrato, o de un impago reiterado de mensualidades que antes de julio podían dilatarse durante todo un año, ahora pueden resolverse en unos meses.

«La norma está en vigor y está funcionando. De hecho, es ahora cuando empieza a aplicarse el procedimiento de desalojo exprés derivado de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. No se ha empezado a notar hasta antes porque había mucho retraso de asuntos debido a la huelga de la justicia», explican fuentes cercanas al servicio de notificaciones y embargos de A Coruña.

Al sur, en Vigo, ya se han aplicado varios lanzamientos acogiéndose a la nueva norma, pero como explican otras fuentes judiciales, se han paralizado algunos «tras pedir la intervención de los servicios sociales».

Procedimiento 

La reforma implica un procedimiento en el que una vez que el propietario ha presentado la demanda, el juzgado, auxiliado por la policía, debe notificar el requerimiento al ocupante del inmueble. Este tiene un plazo de cinco días para oponerse o presentar documentación. En caso de que no lo haga, el juez dicta un auto en el que puede autorizar, o no, el lanzamiento. Sobre el papel, el caso podría resolverse en tres semanas. En caso de haber algún recurso en medio por parte del ocupante, habrá una vista, que también tendrá su propio auto. En esos casos, como explican fuentes del juzgado de Lugo, los plazos son relativos. Todo depende de lo que decida el juez.

«Estamos hablando de personas que no pueden pagar alquileres entre 200 y 400 euros»

Aunque es verdad que la reforma de la ley da de este modo una mayor seguridad a los propietarios, fuentes jurídicas advierten que «no resuelve el problema de fondo, que es la falta de alquileres a precios adecuados a lo que ingresan los colectivos más vulnerables de la sociedad». Mientras eso no se resuelva, dicen, «continuará habiendo ocupaciones o tendremos que continuar notificando desahucios por impago». De hecho, los datos de los últimos meses avalan un crecimiento de los lanzamientos por impago del alquiler. «Y estamos hablando de personas que no pueden pagar mensualidades de entre 200 y 400 euros», apuntan fuentes judiciales.

«No tan rápidos como dicen»

Eso que están viendo a diario en los juzgados es algo que llevan denunciando años desde la Federación Galega de Inmobiliarias, que reclaman una política de alquiler social real. Su presidente, Benito Iglesias, apela a dar seguridad jurídica a propietario y arrendatario con la aprobación de una «ley que sea equitativa para ambos». Además, advierte de que los desalojos exprés no son tan rápidos como se dice: «La realidad es que no tardan un mes, ni dos, ni tres. Eso es un perjuicio muy grande porque los propietarios afectados no vuelven a poner su vivienda en alquiler». En este sentido, añade que el hecho de que un okupa se meta en una casa y no puedan desalojarlo favorece que esas 300.000 viviendas vacías que hay en Galicia no salgan al mercado.  

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