Polémica en la Xunta por las «facilidades» para pasar de ser personal laboral a funcionario
GALICIA
La funcionarización se logra aprobando un examen para el que se conocen las preguntas y se llevan los apuntes
14 mar 2019 . Actualizado a las 13:55 h.Hay oposiciones y oposiciones, y a las que se van a enfrentar en los próximos meses miles de gallegos que quieren poner un pie por primera vez en la Administración autonómica tienen poco que ver con las pruebas que podrá pasar voluntariamente el personal laboral fijo que, habiendo obtenido en su día una plaza en ese régimen y en concurrencia competitiva, quiera convertirse en funcionario de la Xunta. Estos empleados públicos tendrán algunas facilidades, como conocer previamente las preguntas concretas que hay que estudiar e incluso utilizar apuntes y documentación durante la oposición, que tendrá un peso del 60 % en la nota final. El resto, la parte del concurso, tendrá que ver con aspectos como la antigüedad.
La Consellería de Facenda, responsable del personal y de pagar las nóminas, alega que este modelo es posible porque en realidad los que se presenten a las próximas convocatorias no están compitiendo con nadie, sino que voluntariamente están cambiando su relación con la Administración.
Un ejemplo de la propuesta que le ha hecho la Xunta a los sindicatos: un empleado público del grupo I -los de mayor nivel y sueldo- tendrá quince textos legales de referencia, pero en vez de estudiarlos a pelo lo hará a través de mil preguntas conocidas tipo test que tendrán tres respuestas posibles, con solo una válida. En el examen le van a caer 120 preguntas y dispondrá de dos horas y media para contestarlas, casi dos minutos para cada una. El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario para superarlo alcanzar el 30, y cada respuesta fallada descontará un cuarto de una correcta. Siguiendo con el ejemplo del cuerpo superior, si se supera la prueba, esta persona podrá acceder a la carrera profesional, que tiene unos incrementos salariales al año que arrancan en 805 euros en el 2019, un 5 % más en el 2020 y hasta los 4.880 euros en el 2025.
En las categorías más bajas, estos incrementos por sumarse a la carrera fluctúan entre los 380 y los 1.500 euros anuales, aunque la prueba para adquirir el régimen de funcionario también es mucho más sencilla, porque pudiendo acudir a los exámenes igualmente con apuntes, solo deberá aprenderse una batería de 300 preguntas extraídas de tres textos legales de referencia y responder en el examen a 50.
Ascensos y traslados
Estas «facilidades» que ofrece la Xunta para funcionarizar y contribuir a la estabilidad y unidad laboral dentro de la Administración es una «demanda histórica» para sindicatos como UGT o CC. OO., y sin embargo otras centrales no tienen la misma percepción entusiasta sobre esta operación. Entienden que en determinados casos es posible que se produzca una pérdida de poder adquisitivo -sobre todo en los de menor nivel- y en las últimas horas han percibido «un enorme malestar» entre el personal que ya es funcionario, «porque se van a encontrar con mucha más competencia en las próximas promociones internas y en los concursos de traslados», asegura José Francisco Sánchez Brunete. El sindicato al que representa, CSIF, es junto a la CIG muy crítico con esta decisión de Facenda por interpretar que antes de este paso la Xunta debería estabilizar al 30 % del personal laboral «que es temporal».
Los sindicatos más proclives a este modelo valoran como «moi positivo» que la Administración gallega tienda a amparar bajo un único modelo sus relaciones laborales, para evitar distintas fórmulas jurídicas que solo han causado quebraderos de cabeza y suspicacias a la hora de abordar cualquier reforma en el modelo. Ven algunas dificultades leves, como el encaje de determinados niveles formativos en las categorías, pero en general perciben que se trata de un «procedemento atractivo e inclusivo», resume Lino Díaz, de UGT.
Los empleados públicos, sean funcionarios o laborales de la Xunta, sumaban a principios de este año algo más de 16.000 personas que desempeñan su trabajo en consellerías y organismos autonómicos. Sindicatos como UGT calculan que el número de personas susceptibles de funcionarizar rondaría las 6.000, pero admiten que no todos darán el paso incluso si tuviesen la oportunidad en los próximos tres años, en los que ya hay convocatorias para algo más de dos mil contratados.
