Hacienda se escuda en trabas técnicas para evitar que Galicia use el superávit

El Gobierno alega que desconoce la cifra oficial, que la Xunta cifra en 125 millones de euros


santiago / la voz

Ya sea por correo postal o por los medios de comunicación, el Gobierno central tiene constancia del interés de la Xunta por disponer cuanto antes de los 125 millones de superávit que ha tenido en el pasado ejercicio y que pretende invertir en gasto social. a,«Se conoce y se valora, pero todavía no hay una respuesta», refieren desde el Ministerio de Hacienda, desde donde no ha salido ninguna valoración oficial al respecto a pesar de que Feijoo le envió una carta a la ministra María Jesús Montero a finales de febrero.

El Ejecutivo gallego tiene el máximo interés en disponer cuanto antes de esta partida que es fruto de un buen comportamiento de los ingresos y de la recaudación autonómica, y al tratarse de una de las pocas comunidades que ha mantenido la estabilidad financiera, la regla de gasto, el déficit y la deuda, puede solicitar su utilización, como quedó registrado en los últimos Presupuestos Generales del Estado, elaborados por Rajoy. Pero en Hacienda no hay muchas prisas por resolver esta prerrogativa que, sin mayores problemas, le reconocen a Galicia.

Si no hay una respuesta de Madrid es por una cuestión de tiempo, y es que el gabinete del ministerio asegura que no va a hacer ningún movimiento para liberar esos 125 millones de euros hasta que sepa que, efectivamente, se trata de 125 millones de euros. El Estado no discute que Galicia vaya a ser una de las pocas comunidades con acceso a fondos de superávit y que tendrá derecho a usarlos, pero al menos hasta finales de este mes no habrá una cifra oficial, que es la que se debe trasladar a Eurostat -la oficina estadística de la Comisión Europea- antes del 1 de abril. Y si quisieran marear la perdiz todavía podrían hacerlo, en la medida en que esa cantidad estaría sujeta a cierta provisionalidad y pese a que las variaciones serían inapreciables.

«No es sencillo»

Pero si las trabas técnicas no fueran suficientes, ahí está la política para terminar de dificultar cualquier decisión. Fuentes de Hacienda admiten que es incluso más problemático el panorama político, con las Cortes disueltas y los principales actores inmersos en dos campañas electorales. «No es sencillo», afirman, para reconocer a continuación que tampoco existe una hoja de ruta clara para tomar decisiones económicas que no pasen por el Congreso y que aparentemente no son prioritarias para Sánchez.

La reclamación del superávit no deja de ser una cantinela conocida para el Gobierno, porque ya tuvieron que resolver las peticiones de los ayuntamientos para liberar los cientos de millones de euros que acumulaban tras años de ajustes contables. Más subjetiva es la segunda reclamación de la Xunta, que tiene que ver con los incentivos comprometidos por el Gobierno -también del PP- con las comunidades cumplidoras, de forma que el hecho de cumplir especialmente con el déficit público tenga alicientes para las instituciones autonómicas.

Lo que no desarrolla la disposición del anterior Ejecutivo, que está todavía en vigor, es la fórmula a aplicar, de ahí que Feijoo haya sugerido a la ministra que Galicia no le devuelva a la caja del Estado los 85 millones anuales que está pagando en concepto de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que dejaron un agujero en las cuentas gallegas de 2.000 millones de euros adelantados por el Gobierno de Zapatero y que se están devolviendo a plazos. Esa resolución no está encima de la mesa del ministerio en estos momentos, y en el mejor de los casos también debería superar el escollo político.

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