Las diputaciones gallegas, un pastel de 512 millones

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Vista general del pleno de la Diputación de A Coruña
Vista general del pleno de la Diputación de A Coruña Moncho Fuentes

La pelea por el control del ente ourensano pone de relieve la importancia que tienen para el control político

11 jun 2019 . Actualizado a las 08:48 h.

El BNG reclamó históricamente su abolición y actualmente cogobierna en dos de las diputaciones gallegas, A Coruña y Pontevedra, con opciones de ampliar su influencia a la de Lugo. El PSOE también hizo suya esta reivindicación, cuando Rubalcaba compitió por la presidencia del Gobierno, pero enseguida tuvo que plegar velas por la llamada al orden que le hicieron desde Andalucía, donde el poder territorial de los socialistas no se puede entender sin el manejo de los organismos provinciales.

Las diputaciones provinciales, reguladas por un sistema de elección indirecta y menos expuestas que otras administraciones a los controles democráticos, representan un suculento pastel para los partidos políticos por el presupuesto anual que manejan: más de 512 millones de euros, en Galicia, que oscilan entre los 183,6 millones de los presupuestos para este año en A Coruña hasta los 82,7 millones de la de Ourense.

El PP gallego, como hizo el PSOE en Andalucía, basó tradicionalmente su poder político en el territorio en el férreo control de las diputaciones, algo que se mantuvo de forma ininterrumpida hasta hoy en el caso de Ourense, pues en las tres restantes hubo alternancia. Muchas veces, como ocurre en Ourense, el presidente del partido en la provincia era también el presidente de la Diputación, lo que denota el interés estratégico que tiene la institución para hacer política.

Porque a diferencia de la Xunta, que tiene más del 70 % del presupuesto comprometido entre el Sergas, la educación y los peajes en la sombra, sin demasiado margen de actuación, las diputaciones disponen de mayor capacidad cualitativa para asumir compromisos políticos o incluso competencias impropias, como son ahora los planes de fomento de empleo.

Y esto varía de unas diputaciones a otras. En A Coruña se reparten los fondos en base a criterios objetivos (población, número de parroquias, etc.) mientras que en Ourense la distribución es discrecional. De ahí que la batalla por la última diputación gallega del PP tenga tanta importancia.