La Xunta explora una Sogama del agua que afronte el caos de las depuradoras

Quiere implicar a las Diputaciones y cuestiona la dejadez de algunos concellos en el mantenimiento de las instalaciones. Más de la mitad tienen deficiencias

Depuradora del Lagares, que da servicio a Vigo y comarca
Depuradora del Lagares, que da servicio a Vigo y comarca

redacción / la voz

En los últimos años, Galicia duplicó su capacidad de depuración de aguas residuales. Esta es la cara amable de un asunto muy relevante que está detrás de la calidad del agua en ríos, rías y el litoral gallego. Pero al mismo tiempo, después de haberse realizado importantes inversiones con dinero de la Xunta, el Estado y Bruselas, más de la mitad de las depuradoras que gestionan directamente los concellos tienen deficiencias, en muchos casos por un mantenimiento insuficiente. En un informe sobre los servicios de saneamiento al que ha tenido acceso La Voz, la Xunta dibuja un panorama de dejadez en muchos concellos respecto a unas instalaciones que costó mucho dinero construir, y una falta de implicación de las Diputaciones en un asunto en el que podrían servir de auxilio a los municipios.

En el informe Problemática e situación actual da prestación dos servizos de saneamento en Galicia, la Consellería de Infraestruturas y el ente Augas de Galicia exploran una fórmula «que permita unha xestión máis eficiente das instalacións do ciclo integral da auga, para optimizar os recursos da administración e lograr elevados niveis de calidade de servizo». Esta nueva fórmula, a la que algunos técnicos de Augas de Galicia se refieren coloquialmente como «Sogama del agua» -salvando las distancias con la planta de residuos sólidos-, debe ser unha responsabilidade de todas as administracións», especialmente de las Diputaciones, al ser la escala intermedia entre los concellos y la comunidad autónoma y al estar obligadas por ley a prestar apoyo a los municipios, especialmente los más pequeños (menos de 20.000 habitantes).

 

El informe es muy duro con los concellos que abandonan las instalaciones de depuración, causando deficiencias que influyen en la calidad del agua resultante del proceso. «A menudo é a mera falta de vontade municipal a que aboca á Xunta a asumir de forma directa a explotación», se asegura, en referencia a las 29 depuradoras que el Gobierno autónomo gestiona directamente y a la larga lista de peticiones de municipios que quieren deshacerse del engorroso problema del tratamiento de residuos. «A resistencia dos concellos a asumir o seu deber de xestionar o funcionamento das depuradoras -debido á súa complexidade técnica e elevado custe económico- é un atranco para acadar o saneamento das augas galegas». Es en este contexto, en el que solo se salvan 50 de 119 depuradoras municipales supervisadas por la Xunta, cuando el departamento que dirige Ethel Vázquez se plantea desarrollar «un novo sistema de explotación que garanta a participación e implicación das administracións responsables, coa necesaria axuda técnica e económica tanto da Xunta como das Deputacións».

Al margen de cómo vayan a encajar los entes provinciales esta propuesta -tres de las cuatro Diputaciones están en manos de la izquierda-, la comparación con Sogama se basa en el régimen de competencias que consagra la Constitución. Tanto el tratamiento de los residuos sólidos como la depuración de aguas residuales son competencias exclusivas de los municipios. Pero existe la posibilidad de crear entres supramunicipales a los que se adhieran los concellos de forma voluntaria, confiando esta competencia al Ejecutivo autónomo.

La explotación directa que la Xunta asume en 29 depuradoras genera, según el Gobierno autónomo, una situación «inxusta» para los ayuntamientos que son responsables en el mantenimiento de sus instalaciones. Pero también es una delegación de competencias que supone grandes gastos para la Xunta, que no cuenta para ello con la colaboración de otras administraciones. De ahí la idea de implicar a las Diputaciones en el saneamiento, de la misma forma que gestionan distintas infraestructuras en sus provincias.

Red de saneamiento

El problema, no obstante, no solo se da en las estaciones de depuración. También hay redes de saneamiento en mal estado «que provocan verteduras ao medio e infiltracións de augas limpas», lo que explica que la Xunta se vea obligada a desarrollar planes de saneamiento locales para evitar que se produzcan impactos en las masas de agua de su competencia. El objetivo es tener «un coñecemento real, palmo a palmo, de todo o sistema de saneamento».

El Gobierno gallego gasta cerca de 13 millones en explotar 29 plantas

Las 29 depuradoras que gestiona directamente la Xunta suponen un coste anual de cerca de 13 millones de euros que el Gobierno autónomo asume en solitario pese a no ser una competencia propia en sentido estricto. Así, dieciséis de ellas se mantienen y explotan de forma directa con un desembolso anual de 8,82 millones de euros. Entre ellas está la depuradora de Praceres, que convierte a Pontevedra en la única ciudad gallega «que non é capaz de tratar as súas augas residuais». El resto de las ciudades tienen depuradoras con una configuración supramunicipal.

Además, hay otras trece plantas que la Xunta explota en el marco de un contrato de concesión de obra pública. Es decir, primero se ejecutan las instalaciones y posteriormente se explotan. Estas depuradoras generan un gasto anual de unos cuatro millones de euros solo en lo que respecta a la explotación.

La mitad de las depuradoras municipales tienen un funcionamiento deficiente

pablo gonzález
Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa
Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa

Una auditoría de Augas de Galicia solo salva a 50 de 119 instalaciones supervisadas

¿Están los concellos gallegos preparados para, por sí solos, gestionar un asunto tan complejo como la depuración de aguas residuales? Esta es la pregunta que se hicieron en Augas de Galicia cuando se plantearon encargar una auditoría técnica sobre la situación de 119 depuradoras gestionadas por municipios gallegos de más de 2.000 habitantes, pues el resto, 28 centros de tratamiento, son gestionados directamente por la Xunta a petición de los propios concellos, ya que se trata de una competencia exclusiva municipal. Los resultados del informe, encargado a la empresa Adantia, no son muy halagüeños y reflejan la incapacidad o falta de medios de muchos concellos para mantener en buen estado de funcionamiento unas infraestructuras que suponen amplias inyecciones de dinero público de la Xunta, el Gobierno central y la Unión Europea.

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