vigo / la voz

El Gobierno central tiene seis días para dar a conocer oficialmente su criterio sobre la celebración de un nuevo debate en el Congreso sobre la transferencia de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia. La proposición de ley que guarda turno en las Cortes fue presentada por el Parlamento gallego por unanimidad en septiembre del 2016. Pero las dos disoluciones de las Cortes por sendas convocatorias electorales y el veto que el Gobierno de Mariano Rajoy puso a dicho debate, al alegar que el traspaso de la titularidad del vial podía amenazar la estabilidad presupuestaria al dejar abierta la posibilidad de rescatar la concesión, imposibilitaron que los diputados pudieran culminar dicha transferencia.

Fuentes del Congreso certificaron que desde el 20 de diciembre pasado, cuando se remitió la cuestión al Ejecutivo, no se ha producido la entrada por registro del posicionamiento del Gobierno respecto al debate impulsado por el Parlamento gallego por unanimidad, si bien aún puede hacerlo hasta el mismo viernes.

El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez cambió el criterio de la Moncloa respecto al debate al mes de haber tomado posesión en junio del 2018 tras la moción de censura a Rajoy. Levantó el veto anterior y permitió un debate que llegó al Congreso en diciembre del 2018 para ser admitido inicialmente el debate sobre la transferencia. Solo los 32 diputados que tenía entonces Ciudadanos no se sumaron por su abstención al sí unánime del resto de la Cámara.

Decayó por las elecciones

La convocatoria electoral de las generales de abril cerraría sin embargo el paso a la aprobación de la transferencia. Solo dio tiempo ya, como penúltima acción del Congreso en su XII legislatura, a aprobar que se debatiese de manera directa y sin pasar por comisión informativa el traspaso de la autopista, eso sí, trámite que de nuevo tuvo como único reparo el de los escaños de Cs, temerosos de que el traspaso de la AP-9 diese pie a reclamaciones similares desde otras comunidades.

Si el Gobierno no pone problemas ahora para que se vuelva a llevar a cabo el debate sobre el traspaso del vial de pago, la proposición de ley remitida desde Galicia aún tendrá que guardar turno entre las otras nueve proposiciones de ley enviadas por las cámaras autonómicas a las Cortes. Solo se puede tratar al mes una iniciativa legislativa de las comunidades, igual que únicamente se acepta una propuesta de reforma de estatutos autonómicos al mes (hay planteados cuatro actualmente: Murcia, La Rioja, Baleares y Cantabria).

La petición de transferencia de la autopista que gestiona Audasa guarda turno con otras nueve remitidas desde las comunidades, y aunque todas tienen la misma fecha de registro coincidente con el comienzo de la legislatura, al ser heredadas de otras anteriores, el caso de la AP-9 figura como sexta en la lista. De certificarse ese orden por parte de la Mesa del Congreso significaría que hasta dentro de seis meses no sería tratada. Las vacaciones de Semana Santa y de verano aún podrían retrasar hasta después del período estival el debate para la transferencia.

Además, Galicia tiene planteada otra iniciativa de ley anterior y que figura como primera en la lista de espera de las remitidas desde los parlamentos territoriales. Esta demanda la devolución de los fondos invertidos en preferentes por los ahorradores.

El País Vasco tiene desde este año las competencias de todas las autopistas estatales en su área

El 1 de enero pasado el Gobierno vasco cedía a las diputaciones forales la gestión de los tramos de la autopista AP-68 cuya titularidad acababa de conseguir del Ejecutivo central tras apoyar el PNV una batería de reales decretos del gabinete socialista. Con la transferencia de los 77,5 kilómetros de la autopista Bilbao-Zaragoza que cruzan Vizcaya y Álava, la autonomía vasca cerró para sus competencias el cien por ciento de las carreteras estatales existentes en su autonomía. Antes ya había conseguido la transferencia de la AP-1 y la AP-8 en su territorio, pese a conectar con la frontera, criterio que esgrimió el Ejecutivo central con Rajoy en contra de ceder a Galicia la AP-9.

La proposición de ley planteada por el Parlamento gallego para lograr el traspaso de la autopista en manos del Ministerio de Transportes y Audasa hace mención expresa a que la AP-9 cuenta con un trazado que no sale de la comunidad gallega y que une además cinco de sus siete ciudades.

Hace especial hincapié la propuesta suscrita por los parlamentarios de todos los partidos en Galicia en «los peajes desorbitados» de la autopista «los cuales limitan el acceso a esta vía a las personas con menos recursos y lastran el desarrollo de sectores económicos gallegos». Eso sí, el texto a tratar ahora por las Cortes se ha desprendido de la posibilidad de rescatar la concesión, como se planteaba en las dos veces anteriores.

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El Gobierno tiene seis días para facilitar o vetar el debate del traspaso de la AP-9