El decreto de crisis prevé indemnizar a empresas por parones como el del AVE

Las adjudicatarias deben demostrar que la paralización se debe a la situación sanitaria

Los trabajos para instalar la vía en placa se realizan con los obreros muy cerca unos de otros
Los trabajos para instalar la vía en placa se realizan con los obreros muy cerca unos de otros

redacción / la voz

Los efectos de la crisis sanitaria en el sector de la obra pública prevé compensaciones para las empresas si efectivamente su actividad no puede continuar como consecuencia de la situación creada por la epidemia del COVID-19, una medida cuestionada en ciertos aspectos por algunos Gobiernos autónomos, incluido el de Galicia, como sucede con la indemnización prevista para las concesionarias de autopistas por la bajada de tráfico durante los días de confinamiento masivo. Estas indemnizaciones -que para algunos suponen una invitación a paralizar las obras por el miedo al contagio, pero que el sector defiende ante la imposibilidad de presentar ERTE- se destinarán solo a aquellas firmas que efectivamente demuestren que no pueden continuar con el desarrollo de las condiciones del contrato a causa de la crisis sanitaria. Bien por causa directa del coronavirus, bien por las medidas aprobadas por el Gobierno en el estado de alarma.

Así, en los dos contratos del AVE en los que las adjudicatarias pidieron la suspensión temporal -el acceso de 13 kilómetros a Ourense capital y el despliegue de la vía en placa entre Pedralba y Campobecerros- el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) deberá estudiar durante un máximo de cinco días si la suspensión procede, esto es, si se ajusta a los parámetros previstos para paralizar un contrato que están contenidos en el real decreto del 18 de marzo que determina las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la crisis.

En este decreto se especifica que aquellos contratos cuya ejecución sea imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado para combatirlo «quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse».

Suspensión bilateral

Las compensaciones solo podrán aprobarse si el órgano de contratación -en este caso el ADIF- está conforme con la imposibilidad de ejecutar el contrato, proceso para el que se otorga el plazo de cinco días naturales. En su informe, las adjudicatarias que consideren que no pueden continuar con los trabajos deben presentar un informe con las razones por las que no pueden mantener la actividad; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos vinculados a la ejecución del contrato; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro proyecto. Todas estas alegaciones podrán ser comprobadas por el ADIF o cualquier órgano de contratación de las administraciones públicas. Si efectivamente es así, se podrá pedir una prórroga en el plazo de entrega final de la obra, similar al período en el que la obra fue suspendida. Así, se opta por una suspensión pactada, y no unilateral, por parte de la adjudicataria o de la Administración.

Respecto a los daños y perjuicios que son indemnizables, el decreto se refiere a los gastos salariales del personal durante el período de suspensión. Pero también a los ocasionados por el mantenimiento de la garantía definitiva; los de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, «siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines»; y por último, los gastos correspondientes a las pólizas de seguro vinculadas al contrato.

Transportes opta por mantener la actividad pese a que Murcia y Baleares querían parar

La reunión sectorial de Transportes celebrada el martes entre el ministro José Luis Ábalos y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas sirvió para comprobar que la cúpula del ministerio es favorable a que las obra pública siga su curso, así como la mayoría de las comunidades autónomas, incluida Galicia, cuya conselleira, Ethel Vázquez, está firmemente comprometida con la continuidad de los contratos que están en marcha y que, en los que son de su competencia, casi llegan al 80 %. Lo mismo sucede con la Federación Gallega de la Construcción.

Pero no todas las comunidades autónomas o asociaciones del sector están de acuerdo con esta estrategia. Sin ir más lejos, en la reunión por videoconferencia con el ministro, los consejeros de Transportes de Murcia y Baleares se mostraron convencidos de que la decisión correcta sería paralizar completamente la actividad en la construcción, una propuesta que no encontró eco en el resto de los participantes en el encuentro. La decisión de abrir un número limitado de establecimientos hosteleros para dar servicio a los equipos de trabajo prueba que el Gobierno está interesado en mantener el empleo en un sector que ya fue muy castigado en la crisis del 2008.

El gran temor en el sector, no obstante, es la aparición del primer positivo en una obra, lo que automáticamente obligaría a poner en cuarentena al resto de los trabajadores. También se teme el corte de suministros por el funcionamiento limitado del transporte.

La crisis sanitaria obliga a paralizar dos contratos clave del AVE a Galicia

pablo gonzález
Obras del AVE en la ciudad de Ourense
Obras del AVE en la ciudad de Ourense

Son los últimos 13 kilómetros antes de Ourense y buena parte del despliegue de vía en placa en los túneles

La crisis del COVID-19 no se había cebado hasta el momento con la mayoría de las obras públicas, especialmente con las consideradas estratégicas como el AVE a Galicia. La situación cambió radicalmente ayer, cuando las adjudicatarias del tramo de 13 kilómetros que se está adaptando a la alta velocidad entre Taboadela y Ourense comunicaron al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que no pueden seguir con los trabajos. Este trazado es de gran importancia en el conjunto de la obra, pues una alternativa provisional para que los AVE puedan llegar a Ourense, mientras no se construye la variante ferroviaria exterior, cuyos proyectos aún tienen que ser aprobados. Copasa y Cosfesa, las dos empresas ourensanas que estaban llevando a cabo esta obra, comunicaron a la dirección de los trabajos que se ven obligados a paralizarlos «por circunstancias especiales relacionadas con el COVID-19».

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