Indignación por la compensación a las autopistas que ingresen menos

Transportistas, autónomos y usuarios exigen que Audasa no obtenga réditos de la actual crisis

Imagen de archivo de la zona de peaje en Macenda
Imagen de archivo de la zona de peaje en Macenda

vigo / la voz

La decisión del Gobierno central de compensar a las concesionarias de autopistas que recauden menos en peajes por las restricciones a la movilidad impuestas por el plan contra el coronavirus ha hecho saltar como un resorte a distintos colectivos de usuarios de los viales de pago. «Indignación» es el término común que emplean al entender que otros muchos sectores no cuentan con ese nivel de protección que se otorga a los gestores de las autopistas y autovías con peaje en sombra, los que pagan las administraciones en lugar de los usuarios.

«Es de risa. ¿Y los demás sectores que están dejando de ingresar, qué? Además, las concesionarias cuando multiplican el tráfico en verano o cuando supera sus objetivos no devuelven nada», manifiesta Ramón Alonso, presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías. Añade que los transportistas le han solicitado al Ministerio de Transportes, a través de la plataforma del sector, que se les exima del pago de peajes durante la crisis del coronavirus, dado que se encuentran ahora en muchas ocasiones con la imposibilidad de hacer cargados los viajes de vuelta por el parón productivo. «Y en la AP-9 que desaparezcan los peajes ya, como ha ocurrido en otras autopistas», apostilla.

Antonio Señarís, presidente de la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte, es más duro incluso en sus valoraciones centradas en Audasa, al que califica como «gigante sin compasión» si llega a hacer uso de la prerrogativa otorgada por el Gobierno de reclamar una compensación en forma de más años de gestión de la AP-9 u otra subida extra de peajes. «Inconcebible que se puedan aprovechar de una situación en la que la sociedad está gravemente dañada». Señarís echa en falta un gesto de Audasa hacia la sociedad en la actual crisis, y el respaldo que a las concesionarias les está dando el Ejecutivo. «Audasa es una máquina de hacer dinero que recaudará más de 10.000 millones de euros hasta el final del contrato».

«Un disparate»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) tacha de «auténtico disparate» que se le dé a los fondos de inversión que forman las empresas concesionarias un seguro de vida económico que no tendrá el resto de la sociedad. Su presidente, Eduardo Abad, no comprende «el excesivo proteccionismo que este y los anteriores gobiernos le han dado a las empresas que explotan las autopistas». Abad estima que no se puede admitir que se den más beneficios en forma de años de concesión (hasta un 15 % más) o un aumento de los precios de los peajes a sociedades como Audasa, «que ya debería haber liberado la AP-9 y se le sigue garantizando el negocio pase lo que pase. Deberían levantar los peajes unos meses para favorecer a la sociedad que le da grandes ganancias y no pedir más», concluye.

Similar postura aduce Diego Maraña, presidente del grupo de defensa de los consumidores En-Colectivo, que estima que «el Gobierno se pone de nuevo al lado de Audasa», como ocurrió en el pleito judicial por los peajes cobrados en Rande durante las obras. «Es increíble que se piense siquiera en aumentar la concesión, mientras el resto no sabe cómo va a salir de esta, o que se proteja a las concesionarias causando un perjuicio al resto de los ciudadanos», advierte.

El Gobierno podrá compensar a las autopistas por su bajada de ingresos

carlos punzón
Aspecto que presentaba este martes por la tarde el puente de Rande, el tramo con mayor densidad de tráfico de la AP-9
Aspecto que presentaba este martes por la tarde el puente de Rande, el tramo con mayor densidad de tráfico de la AP-9

Por el COVID-19 autoriza subir el 15 % del tiempo de concesión o mejoras económicas

Las concesiones de autopistas se rigen en España por un principio básico para sus intereses: nada, absolutamente nada podrá alterar el equilibrio financiero de sus contratos. Si las administraciones públicas titulares de las infraestructuras que gestionan modifican con alguna orden o mandato las condiciones de su negocio, tendrán que recibir a cambio una compensación. Y esa reparación consta entre las medidas extraordinarias que el Gobierno central adoptó el 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

«Las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo [al COVID-19] darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato», se señala expresamente en el artículo cuarto del decreto ley al aludir a los derechos reconocidos en las concesiones de obras y servicios públicos. Es decir, que lo que pierdan en el caso de las autopistas sus empresas gestoras por el descenso en su tráfico a cuenta de las restricciones a la movilidad decretadas, les serán reembolsadas.

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