Las autonomías podrán cobrar en sus autovías amparándose en una futura ley estatal

El pago por uso en las vías de alta capacidad castigaría más a Galicia por estar en la periferia, alega la Xunta

Autovía A-52 o Rías Baixas
Autovía A-52 o Rías Baixas

redacción / la voz

La constatación de que el Gobierno va esta vez en serio con la idea de cobrar en las autovías provocó un reguero de reacciones que, como era previsible, cuestionan radicalmente la medida. El Ministerio de Transportes asume el coste político de abrir el debate con un asunto a todas luces impopular, que incluso ha suscitado rechazo en el PSdeG, sorprendido por que se planteen estas medidas cuando precisamente intentan recoger los réditos políticos con las rebajas en los peajes de la AP-9 que se pondrán en marcha en julio. El Gobierno, además, no plantea el cobro en las autovías ahora gratuitas en un documento interno del departamento que dirige José Luis Ábalos, sino en un plan de reformas e inversiones que se remite a la Comisión Europea de cara a la concesión de los fondos de recuperación de la pandemia. Es decir, lo hace ante el Ejecutivo comunitario, que además trata de promocionar el pago por uso en los países miembros que aún no lo han instaurado en alguna de sus variantes, pues lo ve necesario para sufragar los cada vez más altos costes de conservación.

El objetivo del Gobierno es negociar una ley estatal con el PP, principal partido de la oposición, pero también con otras fuerzas que pudieran afrontar el coste político de la medida. Fuentes del PP en el Congreso aseguraron que no recibieron ninguna señal del Ministerio de Transportes para hablar de este asunto. Se enteraron leyendo la página 114 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia que se remitirá en unos días a Bruselas.

En esa eventual ley que saldría del Congreso si finalmente hay consenso no afectaría solo a las vías estatales. El texto legal, según confirman fuentes de Transportes, incluiría el andamiaje jurídico para que las autovías que eran gratuitas dejen de serlo. Y esto puede ser aprovechado por las comunidades autónomas para recaudar en las carreteras que son de su competencia. Tendrían que adaptar la normativa general a su corpus jurídico, como se hace con otro tipo de leyes que emanan de las Cortes. Las normas estatales no les obligarían a ejecutar el pago por uso, pero sí les daría la opción de implantarlo. El propio ministerio admite que varias comunidades autónomas le han solicitado ya que se arbitre este marco legal para poder cobrar en sus autovías, al estilo de lo que hizo la Diputación de Guipúzcoa con los camiones que transitan por su territorio, una decisión anulada por la Justicia al considerarla discriminatoria. De ahí que si finalmente se aborda la ley en el Congreso se incluya un marco legal genérico para que otras administraciones puedan cobrar por el uso de sus infraestructuras de alta capacidad.

En el caso de la Xunta, la operación se complicaría al tener varias de ellas peajes en sombra, aunque en los sucesivos informes de la patronal Seopan sobre este asunto se plantean salidas jurídicas para este tipo de vías en un contexto de pago por uso generalizado. Solo en el abono de los peajes en la sombra la Xunta desembolsa cada año más de 50 millones de euros. Para este ejercicio tiene presupuestados 76,9, y se ve obligada a compensar a las concesionarias si sufren bajones en el tráfico. Todo este dinero comprometido por contrato lastra las inversiones de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade.

Precisamente la responsable de ese departamento, Ethel Vázquez, acusó ayer al Gobierno central de «falta de transparencia e de diálogo» por no haber comunicado a las comunidades autónomas la decisión de avanzar en el pago por el uso de las autovías. Cree que la conferencia sectorial de Transportes era el foro adecuado para hacerlo «e non que tiveramos que enterarnos polo plan de recuperación». Ayer, sin ir más lejos, esta consellería presentó la licitación por 133,5 millones de euros de los contratos para la conservación ordinaria y la vialidad invernal en 5.380 kilómetros de carreteras autonómicas en los próximos cuatro años, lo que refleja el peso del mantenimiento en las cuentas de la consellería. No obstante, Ethel Vázquez cree que una medida como el pago por utilizar autovías «tería maior impacto en Galicia, pola súa posición periférica».

En el ámbito de la comisión de Transportes del Congreso, Celso Delgado (PP) cree que una medida como esta «no se puede plantear en un momento de crisis como el actual».

El PSdeG se desmarca del Ejecutivo de Sánchez y rechaza que los peajes afecten a comunidades como la gallega

El Partido Socialista de Galicia mostró ayer su rechazo frontal al pago por el uso de las autovías en la comunidad gallega, una cuestión que descarta que pueda ser aplicada en la actual coyuntura económica. El partido se desmarca así de la estrategia estatal del Gobierno de Sánchez, que está convencido de que el pago por uso en autovías habrá que afrontarlo tarde o temprano. Los socialistas gallegos recuerdan que esta es la posición oficial del partido al respecto, fijada públicamente

por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, en agosto del 2019. Además, la formación indica que así se lo trasladó al Gobierno de España. Para el PSdeG, el modelo de Galicia tiene que ser «xusto o contrario» al pago por estas vías, «como mostra a rebaixa histórica da AP-9» ratificada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «O PSdeG é consciente de que este debate existe en Europa e en ámbitos académicos, pero a posición política do partido conclúe que o compromiso co transporte e coa mobilidade da cidadanía en Galicia e corresponde ás administracións públicas garantir a libre circulación polas autovías que transcurren por Galicia e avanzar na rebaixa das peaxes das autoestradas», aseguraron en un comunicado.

Debate «lóxico»

Preguntado al respecto en rueda de prensa, su vicesecretario general, Pablo Arangüena, consideró «lóxico» abrir este debate, pero pidió tener en cuenta la situación «periférica» de Galicia «en calquera sistema que se poida establecer en un futuro». En su comparecencia ante los medios en el Parlamento de Galicia, Arangüena recordó que muchas autopistas del Estado que estaban sometidas a peaje finalizan ya su concesión, una situación que dista de la gallega, «onde Aznar fixo no ano 2000 o regalo de ampliar a concesión de la AP-9 ata o 2048». «Por iso Galicia é unha excepción», concluyó.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Transportes, el objetivo del eventual sistema de cobro, que aún no ha sido perfilado, sería buscar un equilibrio territorial entre comunidades donde los usuarios pagan muchos peajes y otras donde apenas tienen cargas a la movilidad. Aunque los fondos recaudados se destinarían a la conservación de la red, habría más liquidez para acometer rebajas de peajes.

El BNG se declara «absolutamente en contra»

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, declaró ayer que su formación está «absolutamente en contra» de cobrar por el uso de las autovías en Galicia. En rueda de prensa, la nacionalista dijo que la postura de su formación a este respecto es ya conocida porque en anteriores debates en la misma línea han rechazado que se pretenda cobrar a los gallegos por el uso de unas infraestructuras que, además, «son absolutamente deficitarias no noso país». Rodil emplazó a Transportes a avanzar en los descuentos y la transferencia de la AP-9.

Los transportistas acusan al Gobierno de plegarse a los intereses de las constructoras

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, aseguró ayer en un comunicado que su sector sería el más castigado por la posibilidad de que se apliquen peajes al uso de las autovías. Los transportistas dan a entender que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha plegado a los intereses de las constructoras, que llevan mucho tiempo reclamando este sistema para poder gestionar los instrumentos de cobro si el Gobierno decide vincularlos a concesiones.

«Este plan gustará, entre otros, a las constructoras integradas en Seopan, que llevan años presionando a la administración y publicitando las bondades de que los usuarios y transportistas paguen por el uso de unas infraestructuras, para las cuales ya se han pagado y se siguen pagando innumerables impuestos», aseguran. Así, explican que solo en impuestos del gasoil, los 350.000 camiones de transporte público de mercancías que circulan en España consumen anualmente unos 8.000 millones de litros de gasoil, por los que pagan más de 7.600 millones de euros al año.

Galicia, más afectada

Coinciden con la Xunta en que este plan castigaría especialmente a territorios periféricos como Galicia, una comunidad que cuenta con muchos kilómetros de autovías gratuitas (más de 750). «Y todo ello ocurriría después de que esta comunidad tuviera que esperar años y años por unos accesos dignos», matizan, a los que suman «los años de pago de peajes, de los más altos de España, como los de la AP-9», que el Gobierno espera rebajar a partir de julio.

El Gobierno trasladará a la UE que pretende instaurar un sistema de pago por el uso de las autovías

pablo gonzález
Pórtico para cobrar por el uso de una autovía, en Portugal
Pórtico para cobrar por el uso de una autovía, en Portugal

Es la primera vez que el Ejecutivo central expresa con claridad su intención de gravar la movilidad en vías de alta capacidad. Todavía no ha decidido si lo hará en esta legislatura, pero quiere buscar el consenso político y el diálogo con los sectores afectados

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Este párrafo contenido en la página 114 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que será remitido en breve a la Comisión Europea, es en realidad la primera vez que el Gobierno expresa con total claridad su intención de imponer tasas en las vías de alta capacidad que ahora son gratuitas, después de sucesivos globos sonda o textos de reflexión en los que se planteaba esta opción como una posibilidad para poder sostener los amplios costes de mantenimiento de la red estatal.

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