La Audiencia de Pontevedra sienta en el banquillo a los implicados en el alijo de 359 kilogramos de cocaína del frutero
GALICIA
La Fiscalía pide 121 años de cárcel para los nueve imputados, aunque el cerebro de la operación continúa fugado
10 feb 2023 . Actualizado a las 18:31 h.Con dos años de retraso frente a su calendario inicial, la Audiencia Provincial de Pontevedra dará inicio, el miércoles 15 de febrero, a la vista por el alijo de 359 kilogramos de cocaína que fue incautado en enero del 2019, en el interior del almacén que Frutas Mavaz gestionaba en el polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense. En el banquillo se sentarán nueve de los diez investigados por este caso: el propietario del negocio, un vecino de Vilagarcía de Arousa, dos de Vilanova de Arousa, tres ciudadanos oriundos de Ecuador y otros dos nacidos en Colombia. Al décimo hombre se le acusa de ser el cerebro de todo. Se trata del vilanovés Juan Miguel García Santos, que pudo poner pies en polvorosa cuando iba a ser detenido, continúa en paradero desconocido y, obviamente, no podrá ser juzgado.
La Fiscalía Antidroga pide para cada uno de ellos trece años y seis meses de prisión, además de una multa de treinta millones de euros como responsables de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Su calificación empeora por el hecho de que simulasen una operación de comercio internacional. La cocaína, de origen colombiano, fue transportada hasta Ecuador, desde donde zarpó a bordo de un buque portacontenedores, camuflada en un envío de plátanos. El fiscal sostiene que la participación del frutero ourensano resultó fundamental, por prestarse como pantalla para dar al alijo una apariencia de legalidad.
Un chivatazo de la DEA al Cuerpo Nacional de Policía permitió a las fuerzas de seguridad conocer que el envío llegaría al puerto de Leixoes. La inspección de los contenedores reveló que entre los plátanos viajaban 358 placas rectangulares, unas identificadas con la frase «Feliz año 2019», y otras, con el logotipo de un toro con anillo en el hocico. La Procuraduría de la República de Portugal autorizó la entrega vigilada del alijo, para que el porte continuase viaje por carretera hasta Ourense, como si no hubiese sido advertido y la policía española pudiese sorprender a los miembros de la organización con las manos en la masa. Una vez analizadas, las placas resultaron ser 359 kilogramos de cocaína, distribuidos en dos partidas con una pureza del 70 y del 77 %, respectivamente. Su venta por kilogramos se hubiese traducido en 13,9 millones de euros.
Buena parte de la demora que ha acumulado el procedimiento se debe a la interposición de recursos y a la labor de los abogados de los acusados, que cuestionaron que fuese la Audiencia de Pontevedra, y no la Audiencia Nacional, la que juzgase estos hechos. Argumentaban, para ello, que la investigación afectaba a varias provincias: además de Pontevedra y Ourense, también a Madrid, donde la organización celebró varias reuniones. Finalmente, el Tribunal Supremo concluyó que el órgano pontevedrés es el adecuado para hacerlo.