El cerebro del entramado, Juan Miguel García Santos, permanece en paradero desconocido
15 feb 2023 . Actualizado a las 20:40 h.Un acuerdo de conformidad con el fiscal puso ayer punto final a la investigación de la trama del narcofrutero Manuel Benito Vázquez Pardo, quien aceptó ocho años de prisión y el pago de dos multas de 15 millones de euros. En el banquillo lo acompañaban otros siete acusados, los cuales asumieron penas que oscilan entre los dos y los siete años y nueve meses de cárcel, hasta sumar casi medio siglo en condenas. Además, accedieron a abonar cuantiosas sanciones económicas por un montante global de 200 millones de euros por unos hechos que se produjeron entre los años 2018 y 2019.
El que no se sentó en el banquillo es quien está considerado policialmente como el cerebro de este entramado, el vilanovés Juan Miguel García Santos, quien no pudo ser detenido en su momento y permanece en paradero desconocido.
En cualquier caso, los acusados asumieron las tesis del fiscal de que llevaron a cabo un entramado para transportar partidas de cocaína desde Ecuador hasta España empleando como cobertura la importación de frutas a través de la empresa Frutas Mavaz. De este modo, simularon una operación de comercio internacional en la que la cocaína partió desde Ecuador en un buque portacontenedores, camuflada entre racimos de plátanos.
Fue la DEA estadounidense la que informó al Greco de la Policía Nacional de la existencia de este alijo que terminaría llegando al puerto de Leixões, en Portugal. Allí fueron localizados 359 kilos de cocaína, cuya venta por kilogramo podría haberles reportado cerca de 14 millones.
Se orquestó entonces, con la colaboración de la Procuraduría de la República de Portugal, una entrega controlada, de tal modo que la droga continuó su ruta por carretera hasta el polígono de San Cibrao das Viñas, en Ourense, donde Frutas Mavaz disponía de un almacén. Las detenciones tuvieron lugar el 18 de enero.
Se considera que la contribución de Vázquez Pardo a este entramado fue «esencial», ya que «toda la cobertura de la importación de la cocaína dependía (...) de las operaciones de importación de fruta en contenedores de tráfico marítimo que negociaba».
Cuatro años después de aquellos hechos, el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, destacó la complejidad de este caso y la importancia de haber alcanzado un acuerdo de conformidad con los acusados. Hizo alusión a que cinco de los nueve acusados asumieron penas muy altas, por encima de los seis años.