La Xunta reclama por más de 150 millones al cartel de los pañales para adultos por inflar precios

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la primera reunión del Consello del curso político.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la primera reunión del Consello del curso político. SANDRA ALONSO

El Gobierno autonómico contrata por seis millones el servicio jurídico para pilotar la demanda que afecta a ocho empresas que ya fueron sancionadas por pactar precios en todo el país

08 sep 2026 . Actualizado a las 19:10 h.

La Xunta prepara una reclamación millonaria contra el «cartel dos cueiros», en palabras de Alfonso Rueda: un grupo de ocho empresas fabricantes e importadores de «absorbentes de incontinencia grave de urina en adultos», es decir de pañales que se emplean en hospitales, residencias y otros servicios similares. Los trámites comenzaron este martes, con la autorización del Consello de la Xunta para contratar un servicio de representación y defensa jurídica por valor de seis millones de euros.

Esas ocho compañías, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y dos personas fueron sancionadas en el 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por pactar los precios y vender los pañales a la Administración, mediante licitaciones públicas, al doble de su valor.

La sanción ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, lo que ha llevado a la Xunta a iniciar los trámites para reclamar el sobreprecio, afirmó el presidente. Un paso que también están dando otras comunidades.

Rueda explicó que el Servizo Galego de Saúde ha analizado los gastos realizados en pañales entre los años 2004 y 2014, que suman 140,8 millones de euros.

Pero las irregularidades comenzaron antes, en 1996. Los estudios del Sergas para concretar la cifra de gasto entre ese año y el 2004 aún no han terminado —los sistemas de contratación no estaban del todo informatizados—, pero una primera estimación asciende a 153 millones.

La contratación del servicio de representación y defensa jurídica incluye en primer lugar una pericial para cerrar la cifra de gasto demostrable y la extensión temporal del daño a las arcas públicas, lo que se traducirá en la cuantía final de la reclamación.

El contrato, que parte de un estudio preliminar de la Universidade de Santiago, cubrirá todas las fases del proceso, tanto en los juzgados como fuera de ellos, incluyendo la presentación de escritos y los recursos.

La Xunta recordó que las reclamaciones de este tipo son «especialmente complexas» por su cuantía, porque hay múltiples implicados y porque los procedimientos relativos al derecho de competencia, sobre el que existe una «inxente xurisprudencia menor e recente», cuentan con normas propias que requieren «unha abordaxe especializada». Todo ello no hace esperar una pronta resolución del conflicto