El número de víctimas mortales, por las balas de los cuerpos encargados de la represión o por elhambre y enfermedades perfectamente, no deja de crecer a diario en Venezuela
25 jun 2017 . Actualizado a las 22:40 h.Maduro y la cohorte de cleptócratas que le sostiene en el poder siguen subidos a la balsa de la Asamblea Nacional Constituyente con la que se hacen ilusiones de salir a flote. La oposición, apiñada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) trata de hacer frente al temporal con el respaldo en la calle de la gran mayoría de Maduro y la cohorte de cleptócratas que le sostiene en el poder siguen subidos a la balsa de la Asamblea Nacional Constituyente con la que se hacen ilusiones de salir a flote. La oposición apiñada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), trata de hacer frente al temporal con el respaldo en la calle de la gran mayoría de los ciudadanos, pero con pocas perspectivas claras de que escampe para comenzar la reconstrucción de un país hecho añicos.
El chavismo crítico
En medio de este desolador panorama se siguen oyendo voces que apuestan por una tercera vía alternativa que pasaría por el chavismo crítico y cuyo nexo es el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, que oficialmente propugna Maduro y que se ha convertido en el banderín de enganche de todos aquellos que se han forrado a costa del chavismo y que son los que más tienen que perder cuando se vean apeados del poder.
La gran pregunta que se hacen a diario los analistas de la realidad venezolana es:¿hay espacio aún para esa tercera vía?
Uno de los primeros en apuntarse a ella fue el gobernador chavista del estado Lara, Henri Falcón, que se integró en la MUD y al que en algún momento las encuestas situaban como el segundo político mejor valorado después de Leopoldo López. A eso mismo parecía querer jugar después de su extraño retorno del exilio el exgobernador del poderoso estado petrolero de Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales. A ambos se les critica el querer pescar en el río revuelto de los ni-ni, ese 37 % de los venezolanos, que según las encuestas de enero, anteriores a la última oleada de protestas, no se identificaban ni con el gobierno ni con la oposición.
La última incorporación a la tercera vía ha sido la hasta ahora -todo apunta a que tiene los días contados- Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, una chavista confesa que saltó a la palestra el pasado mes de abril cuestionando el golpe de estado togado protagonizado por el Tribunal Supremo de Justicia, reivindicando la vigencia de la constitución chavista de 1999 y que desde entonces no deja de ser piropeada por sus ex correligionarios como indigna, traidora y aliada de la derecha.
Hace poco más de un mes, concretamente el pasado 24 de mayo, a la misma hora en la que la Fiscala lanzaba una nueva ofensiva contra el madurismo, en otra zona de Caracas se presentaba una plataforma multisectorial en defensa de la Constitución de 1999, que pretende cambiar a Maduro, y en contra de la polarización.
Entre los promotores aparecen exministros de Chávez como Héctor Navarro, Olly Millán, Ana Elisa Osorio y exmilitares próximos al comandante fallecido como Clíver Alcalá y Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior con Maduro como presidente.
Al carro del chavismo crítico se ha subido también el grupo de Marea Socialista que lidera el politólogo Nicmer Evans que ha venido funcionando en los últimos años como corriente crítica al PSUV, el partido oficialista que encabezan Maduro y Diosdado Cabello.
A todos estos se suman, aunque con matices, los promotores de «Alianza por la Venezuela que Queremos Todos» que coordina Werner Corrales, exministro y exembajador ante la ONU, la que propugna desde hace casi una década la unión de distintas organizaciones que buscan un gran pacto nacional que supere el clima de polarización que vive el país, fomentando la tolerancia y la cooperación pero desde las bases.
Una de las propuestas más polémicas de este colectivo es su apuesta a una justicia transacional, algo que desde la oposición se asocia a una búsqueda de la impunidad de los crímenes cometidos por el chavismo.
Cuando le plantean esta cuestión, Werner Corrales responde que «hay que ser realistas, ninguna transición puede ser pacífica a menos que se reduzca el coste de salida de quienes están en el poder. Por eso todos los sistemas de justicia transicional tienen algunos componentes diseñados ad hoc para que en esa sociedad particular se logre salir de la crisis. Es lo que pasó en España, Argentina o Chile. Hay que dar un salvoconducto aunque sea por 5 o 10 años, pero nadie puede garantizar que, después, las propias instituciones de la sociedad no echen atrás esos acuerdos para que se castigue a los culpables».
Con este panorama, las dudas sobre la viabilidad son difíciles de disipar, ya que a diferencia de los países que cita Corrales -España, Argentina, Chile- en el caso venezolano las dos partes enfrentadas son básicamente una banda de ladrones y sus sicarios contra la gran mayoría del pueblo venezolano. Los primeros tienen mucho que perder y están dispuestos a morir matando. A los segundos cada día le quedan menos fuerzas para sobrevivir.
los ciudadanos, pero con pocas perspectivas claras de que escampe para comenzar la reconstrucción de un país hecho añicos.
En medio de este desolador panorama se siguen oyendo voces que apuestan por una tercera vía alternativa que pasaría por el chavismo crítico y cuyo nexo es el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, que oficialmente propugna Maduro y que se ha convertido en el banderín de enganche de todos aquellos que se han forrado a costa del chavismo y que son los que más tienen que perder cuando se vean apeados del poder.
La gran pregunta que se hacen a diario los analistas de la realidad venezolana es:¿hay espacio aún para esa tercera vía?
Uno de los primeros en apuntarse a ella fue el gobernador chavista del estado Lara, Henri Falcón, que se integró en la MUD y al que en algún momento las encuestas situaban como el segundo político mejor valorado después de Leopoldo López. A eso mismo parecía querer jugar después de su extraño retorno del exilio el exgobernador del poderoso estado petrolero de Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales. A ambos se les critica el querer pescar en el río revuelto de los ni-ni, ese 37 % de los venezolanos, que según las encuestas de enero, anteriores a la última oleada de protestas, no se identificaban ni con el gobierno ni con la oposición.
La última incorporación a la tercera vía ha sido la hasta ahora -todo apunta a que tiene los días contados- Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, una chavista confesa que saltó a la palestra el pasado mes de abril cuestionando el golpe de estado togado protagonizado por el Tribunal Supremo de Justicia, reivindicando la vigencia de la constitución chavista de 1999 y que desde entonces no deja de ser piropeada por sus ex correligionarios como indigna, traidora y aliada de la derecha.
Hace poco más de un mes, concretamente el pasado 24 de mayo, a la misma hora en la que la Fiscala lanzaba una nueva ofensiva contra el madurismo, en otra zona de Caracas se presentaba una plataforma multisectorial en defensa de la Constitución de 1999, que pretende cambiar a Maduro, y en contra de la polarización.
Entre los promotores aparecen exministros de Chávez como Héctor Navarro, Olly Millán, Ana Elisa Osorio y exmilitares próximos al comandante fallecido como Clíver Alcalá y Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior con Maduro como presidente.
Al carro del chavismo crítico se ha subido también el grupo de Marea Socialista que lidera el politólogo Nicmer Evans que ha venido funcionando en los últimos años como corriente crítica al PSUV, el partido oficialista que encabezan Maduro y Diosdado Cabello.
Justicia transacional
A todos estos se suman, aunque con matices, los promotores de Alianza por la Venezuela que Queremos Todos que coordina Werner Corrales, exministro y exembajador ante la ONU, la que propugna desde hace casi una década la unión de distintas organizaciones que buscan un gran pacto nacional que supere el clima de polarización que vive el país, fomentando la tolerancia y la cooperación pero desde las bases.
Una de las propuestas más polémicas de este colectivo es su apuesta a una justicia transacional, algo que desde la oposición se asocia a una búsqueda de la impunidad de los crímenes cometidos por el chavismo.
Cuando le plantean esta cuestión, Werner Corrales responde que «hay que ser realistas, ninguna transición puede ser pacífica a menos que se reduzca el coste de salida de quienes están en el poder. Por eso todos los sistemas de justicia transicional tienen algunos componentes diseñados ad hoc para que en esa sociedad particular se logre salir de la crisis. Es lo que pasó en España, Argentina o Chile. Hay que dar un salvoconducto aunque sea por 5 o 10 años, pero nadie puede garantizar que, después, las propias instituciones de la sociedad no echen atrás esos acuerdos para que se castigue a los culpables».
Con este panorama, las dudas sobre la viabilidad son difíciles de disipar, ya que a diferencia de los países que cita Corrales -España, Argentina, Chile- en el caso venezolano las dos partes enfrentadas son básicamente una banda de ladrones y sus sicarios contra la gran mayoría del pueblo venezolano. Los primeros tienen mucho que perder y están dispuestos a morir matando. A los segundos cada día le quedan menos fuerzas para sobrevivir.