La organización no gubernamental Transparencia Venezuela acaba de hacer público los resultados de una investigación iniciada hace casi año y medio sobre las Empresas Propiedad del Estado que pone en evidencia que la gravísima crisis que padece el país es consecuencia directa del Socialismo del Siglo XXI que implantó Chávez.
01 oct 2017 . Actualizado a las 21:36 h.Los males de la economía venezolana: desabastecimiento de productos básicos, hiper inflacción y demás, no son consecuencia de ninguna guerra económica impulsada desde el exterior, básicamente por el Imperio -EE. UU.-, en connivencia con la oposición política, como repite de forma cansina el discurso oficial. Un exhaustivo estudio elaborado a partir de julio del año pasado por la ONG Transparencia Venezuela deja meridianamente claro que son consecuencia directa de las decisiones adoptadas por el anterior y el actual presidente del Gobierno, en aras de lo que ellos llaman Socialismo del siglo XXI, a mayor gloria de lo que trataron de vender a la ciudadanía y a la opinión pública internacional como Proyecto Bolivariano.
Los datos, extraídos de las escasísimas fuentes oficiales accesibles al público hablan por sí solos: desde 2001 hasta 2017 el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526, por la vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, re-estatizaciones, renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero o de creación de empresas que se han ido produciendo en lo que va de siglo.
El INI bolivariano
El EPE (Empresas propiedad del Estado) -la versión venezolana del Instituto Nacional de Industria (INI) franquista-,está presente en todos los sectores, no solo en los que son considerados estratégicos como energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Un 25% de las empresas estatales son de manufactura; 13% de los sectores agro-alimentario, ganadería y pesca; 12% petroleras; 7% son instituciones financieras; 7% de servicios; 6,5% de transporte; 5% de construcción; 5% de comunicación; 4% de minería y el resto de electricidad, agua, hoteles y hasta una empresa aeroespacial.
De las 526 empresas, 114 son filiales de PDVSA, aunque 42 de ellas no son petroleras. En un primer momento, la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.
La investigación de Transparencia Venezuela, que se concentró en ocho empresas en los sectores petróleo, manufactura, agro-alimentario, financiero y eléctrico, las EPE arrojaron en 2016 pérdidas de 1,29 billones de Bolívares, cifra que superó los presupuestos del Estado en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social. Los casos más emblemáticos son los de PDVSA, con saldos negativos estimados en 775.000 millones de Bolívares y Corpoelec con 149.000 millones.
La investigación confirmó opacidad en la información pública de las EPE. «Solo se conoce el nombre del presidente o máxima autoridad de 24% de ellas; la estructura acionarial de 21% y la composición y miembros de las juntas directivas de solo 6% de las 526 empresas, por ejemplo.
Poder clientelar
El estudio determinó que en el año 2006 hubo un giro importante en la gestión de las empresas públicas «encauzada al logro de intereses políticos electorales y de control social». Otro rasgo pernicioso que recoge el informe ha sido la sujeción de las EPE a los intereses del partido del gobierno (PSUV), «manifestada en el crecimiento desmesurado de sus nóminas, como parte de una política clientelar y de protección de los activistas del partido».
Las EPE emplearon al menos a 440.000.717 personas, lo que representa el 5,6% de la población ocupada formalmente, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016. Las empresas que reunían la mayor cantidad de trabajadores son PDVSA y sus filiales petroleras y no petroleras, seguidas de las de sector manufactura y las de electricidad.
También pone en evidencia la «distribución opaca y sesgada de sus productos hacia aliados o exigiendo lealtad, por ejemplo, de vehículos, electrodomésticos y alimentos». A lo que se suma el uso de recursos para campañas electorales «y a adopción de acuerdos de cooperación internacionales en condiciones desventajosas para el patrimonio de la Nación, pero favorables a los intereses del partido en este escenario».
El Presupuesto Nacional de 2017 le asigna a las EPE 592.000 millones de Bolívares, que representa 6,24% del total aprobado. A través de créditos adicionales han recibido 585.000 millones más, según el informe.
Verde que te quiero verde
La investigación demostró que las EPE son usadas para favorecer a determinados grupos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), «lo que ha desvirtuado su compromiso constitucional para dirigirlo hacia la autoridad y el partido político de turno, que no ha representado los intereses superiores de la Nación». De 127 empresas de las que se conocen sus máximas autoridades, 30 % tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva. Se trata de empresas importantes de los sectores agro-alimentario, financiero, energía y las empresas básicas, empresas en las que se administran los mayores recursos.
Destacan los casos de las empresas: Banco de Venezuela, Bolivariana de Puertos, Petróleos de Venezuela, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la línea aérea CONVIASA, la empresa eléctrica CORPOELEC, la siderúrgica SIDOR, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios que aglutina a todas las empresas del sector alimentario, Venezolana de Turismo que coordina un grupo importante de empresas hoteleras, entre otras. «Estas empresas dicen los autores del informe- son importantes, tanto por la cantidad de recursos de sus presupuestos como porque sus actividades forman parte de sectores económicos estratégicos”.
El estudio alude también a «serias deficiencias de cobertura y calidad en telecomunicaciones, transporte masivo, agua, vialidad, construcción de viviendas, producción y distribución de alimentos esenciales, suministros médicos, fármacos y artículos de higiene personal, que son bienes y servicios que inciden directamente en la calidad de vida de los venezolanos».
El balance ofrece pocas dudas: el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante acumula una caída del 35% solo desde el último trimestre de 2013 hasta junio de 2017, mientras que los datos de balanza comercial reflejan mayor dependencia de las importaciones y disminución de la cantidad y variedad de productos de exportación.
«La dramática crisis nacional, que desde 2016 se considera crisis humanitaria, es, en parte responsabilidad de la pésima gestión de las EPE del sector manufacturero agroindustrial y comercial, pues el Estado venezolano cuenta con importantes fabricantes de los productos básicos que escasean en el país y en vez de aumentar la producción de los mismos, la ha disminuido», concluye el informe.