La decisión final queda en manos del Supremo y no implica la reanudación de las sesiones en la Cámara de los Comunes
11 sep 2019 . Actualizado a las 17:51 h.El máximo tribunal de apelaciones de Escocia ha sentenciado este miércoles que el cierre del Parlamento británico solicitado por el Gobierno de Boris Johnson, que comenzó el martes de madrugada y durará hasta el 14 de octubre, es «ilegal», aunque la decisión final queda en manos del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido.
La sentencia de los tres jueces que componen el tribunal escocés tumba el fallo de una instancia inferior que dictaminó la semana pasada que Johnson no había incumplido la ley y es contraria también a la opinión del Tribunal Superior de Londres, que también falló el viernes pasado a favor del Gobierno. La decisión de la corte escocesa, sin embargo, no implica la reanudación de las sesiones en la Cámara de los Comunes, que queda a expensas de lo que pueda decidir el Supremo, según la cadena BBC.
El Gobierno británico ya ha anunciado que apelará contra esta decisión y está previsto que el Tribunal Supremo celebre el próximo martes, día 17, una vista para evaluar este caso y otro presentado por la activista antibrexit Gina Miller .
La oposición ha condenado en bloque el cierre del Parlamento por el momento elegido, a mes y medio de la fecha marcada para que Reino Unido abandone la UE. Por este motivo, se aprobó en pocos días una ley que insta a Johnson a solicitar una prórroga del brexit para evitar que haya un divorcio sin acuerdo el 31 de octubre.
Los magistrados del Tribunal de Apelación de Escocia, presididos por Lord Carloway, se pronunciaron sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes. Entre los firmantes de la demanda, liderada por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, están también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al brexit The Good Law Project.