En los estados de Misuri y Misisipi los republicanos quieren recuperar las recompensas por delatar a indocumentados
07 feb 2025 . Actualizado a las 18:13 h.Donald Trump no ha escondido su intención de hacer de su presidencia una pesadilla para los inmigrantes en EE.UU. A base de órdenes ejecutivas, el mandatario ha lanzado una operación de persecución contra los migrantes en la que no se detiene ante nada y en la que todavía podría tener margen para escalar su criminalización de los extranjeros.
La persecución comienza a dar sus frutos con el aumento de las cifras de detenidos. No se limita, sin embargo, a aquellos que decía Trump en campaña que serían su objetivo: los extranjeros con antecedentes criminales. Según los datos de NBC News cerca del 48 % de los 1.200 detenidos el 27 de enero, por ejemplo, no tenían antecedentes criminales.
Con todo, la Casa Blanca ha buscado asociar a los migrantes con el crimen. Hace una semana, preguntada por cuántos de los arrestados eran criminales, la portavoz de la Casa Blanca, Karolina Leavitt, respondió que «todos», y afirmó: «Porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación, y, por tanto, son criminales para esta Administración». Lo que omite esta respuesta es que la primera entrada irregular en el país se salda con una infracción administrativa y no se considera un delito.
Además, el mandatario amenaza con invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, que Trump ya prometió usar en campaña, exige la declaración de «invasión o incursión predatoria» por parte de un país enemigo para ser aplicada. Esta ley, que ha sido señalada por vulnerar los derechos de los individuos, tampoco deja claro cómo podría servir de excusa a la Casa Blanca para seguir endureciendo su trato contra los migrantes.
Por su parte, los estados republicanos abrazan las medidas del presidente y, en algunos casos, van incluso más allá. Es el caso de Texas, donde el gobernador, Gregg Abbott, no escatima esfuerzos a la hora de perseguir a los migrantes: ha puesto a las fuerzas del orden locales al servicio de las políticas antiinmigración de Trump y ni siquiera los niños indocumentados se libran de que les tomen las huellas.
En otros territorios, como Misuri y Misisipi, los republicanos quieren recuperar las recompensas por delatar a personas indocumentadas. En estos estados, de cumplirse los deseos de los legisladores conservadores, pronto podría legalizarse el trabajo de los cazarrecompensas. Su propuesta es la de motivar a la población a ofrecer chivatazos que faciliten el arresto de migrantes ilegales a un precio de mil dólares por cabeza.
No falta, tampoco, quien se toma el evangelio de Trump al pie de la letra y se lanza a perseguir inmigrantes. Un contexto en el que en las dos Carolinas y en Pensilvania, la policía ya ha arrestado a varios estadounidenses bajo la acusación de presentarse falsamente como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.