La dirección de Sykes comunicó al comité de empresa de Lugo la recolocación de once trabajadores, afectados por el vencimiento del contrato mercantil de Telefónica, en otras campañas de la compañía. Lucía Varela, la presidenta del órgano de representación de los trabajadores, integrado por 13 miembros de Comisiones Obreras, declaró ayer que desconocía si esas 11 personas eran fijos de plantilla o si por el contrario estaban sujetos a un contrato de obra que vence el 31 de marzo.
Varela apuntó que esta comunicación es una buena noticia y podría ser una prueba de la promesa de Sykes de recolocar al mayor número de trabajadores posibles.
La plantilla de Sykes celebró ayer dos asambleas en las que el comité de empresa expuso la actual situación y respondió a todos los interrogantes que plantearon los asistentes. Una de las preguntas más recurrentes fue a qué indemnización tendrían derecho los trabajadores fijos, incluidos dentro del ERE y cuánto podrían cobrar los que tiene contrato por obra, a su vencimiento.
Según Lucía Varela, hasta el jueves de la semana próxima en que mantendrán la primera reunión con la empresa no sabrán qué está dispuesta a ofrecer. Varela insistió que el personal está deseando tener las cartas sobre la mesa para saber a qué atenerse.
Movilización
Los trabajadores de Sykes aprobaron en las asambleas celebradas un calendario de movilizaciones que incluye una marcha, el próximo miércoles, desde la sede de la empresa, en O Ceao, hasta la de Telefónica. El desplazamiento será en una caravana de coches.
La negociación del ERE será conjunta con el centro de trabajo de A Coruña, pese a que ambos tienen comités de empresa independientes. En Lugo trabajan 450 personas, de las que 37 están incluidas en el ERE. Otras 84 tienen contrato de obra en la campaña de Telefónica que concluye el 31 de marzo. Hay otra veintena de operarios de Lugo que están afectados por la finalización del acuerdo con Vodafone.
Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, presentó una proposición no de ley en el Parlamento en la que reclama del Gobierno que efectúe los cambios necesarios para evitar que las compañías telefónicas transfieran los datos de sus clientes a otro país, en caso de que no dispongan de autorización expresa para ello.
El 1004 de Telefónica, que lo llevaba personal en Lugo, lo atenderá una empresa que operará desde Perú.