Las ayudas perdidas permitirían reparar 3.000 metros de viviendas

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

ROI FERNANDEZ

El retraso en la ampliación de la zona ARI paralizó la actividad durante cinco años

17 ago 2017 . Actualizado a las 22:15 h.

Las ayudas que quedaron sin ejecutar entre los años 2010 y 2017 en cuatro convenios destinados a la zona ARI hubiesen permitido rehabilitar al menos 3.047 metros cuadrados de viviendas. No se trata de una estimación caprichosa. El cálculo resulta de dividir los 723.700 euros destinados a obras particulares que no se gastaron en ese período entre el coste por metro cuadrado de una actuación de tipo medio. El plan especial de protección del casco histórico, ahora en exposición pública, cifra en 280 euros metro construido el precio de una rehabilitación media.

El estudio económico financiero que incluye el programa de actuación del plan especial utiliza como referencia un baremo de costes de rehabilitación. Los precios por metro cuadrado de establecen en función de la intensidad de las reformas que precisan las viviendas. Estas cantidades oscilan entre los 120 euros metros cuadrado en las actuaciones catalogadas como «ligeras», y los 595 euros metro cuadrado que precisan las rehabilitaciones en edificaciones catalogadas por su especial singularidad.

Obras de urbanización

La cantidad que se dejó de ejecutar en los convenios en vigor entre octubre del 2010 y el presente año asciende a 863.700 euros, de acuerdo con los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Pero de esa cantidad hay que descontar 140.000 euros que se reservaban para subvencionar obras de urbanización en espacios públicos en las zonas donde se rehabilitasen viviendas. Tampoco esa última partida llegó a invertirse.

Las subvenciones solicitadas para la rehabilitación de viviendas en esos cuatro convenios fueron 77. Pero solo llegaron a ejecutarse en siete casos, con un importe total para las ayudas de 21.000 euros. En los setenta restantes, o no se ejecutaron las obras o los promotores renunciaron finalmente a optar a las subvenciones. Las explicaciones difieren a la hora de explicar el escaso eco de los convenios destinados a la zona ARI. Los particulares cargan las tintas en el escaso atractivo de las ayudas, cuya cuantía se redujo de forma drástica por los ajustes de la crisis económica.

Por su parte, los técnicos aluden al peculiar contexto económico y demográfico del casco viejo, al que habría dado la puntilla la masiva promoción de viviendas en otros puntos del casco urbano. Las razones posiblemente sean múltiples, pero existe un dato revelador en el que coinciden muchos análisis. La tardanza en solicitar la ampliación de la zona ARI -circunscrita en un primer momento a las calles situadas dentro de la muralla de San Vicente- supuso un importante lastre para la ejecución de algunos de esto convenios.

Solo dentro de la muralla

Entre los años 2010 y 2015, cuando se extendieron las ayudas a todo el casco histórico, apenas quedaban rehabilitaciones por acometer en el conjunto monumental de San Vicente. El proyecto de ampliación de la zona ARI, cuyas ayudas comenzaron a concederse en el 2004, estaba listo en el 2012. Pero el Ayuntamiento no lo remitió hasta finales del 2014 al IGVS, que en julio del año siguiente confirmó el visto bueno a esa solicitud.

Los datos del IGVS sobre el grado de ejecución de los convenios apuntan también en esa línea. De las siete obras de rehabilitación que accedieron finalmente a las ayudas, seis se llevaron a cabo después de que fuese ampliada la zona subvencionable a la totalidad del conjunto histórico delimitado por la Xunta.

El PP aboga por las campañas divulgativas para que no se pierdan más subvenciones

El PP considera que la pérdida de más de 800.000 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas del casco histórico es un «grave erro» que no debería repetirse. Para evitarlo, presentará en el próximo pleno una moción que reclama la puesta en marcha de campañas de divulgación sobre las subvenciones disponibles. Las cantidades que no llegaron a invertirse corresponden a cuatro convenios con la Xunta y el Ministerio de Fomento firmados en los últimos siete años. La portavoz popular, Julia Rodríguez, lamenta que ningún gobierno municipal haya reparado desde entonces en la necesidad de informar mejor a los vecinos de los incentivos destinados a actuaciones en la zona ARI.

«Grazas ao impulso do Partido Popular, Monforte conta cunha Área de Rehabilitación Integral máis ampla, polo que son máis as vivendas que se poden acoller a este tipo de convocatorias», dice la concejala y diputada autonómica. El gobierno municipal -añade Julia Rodríguez- «debe informar aos veciños e aclarar todo tipo de dúbidas para que a cidade poida beneficiarse deste investimento e non teña que devolver o diñeiro que se lle aproba por non executalo».

La portavoz del PP considera que existe cierta negligencia en la gestión del gobierno municipal, al que corresponde tramitar la concesión de ese tipo de ayudas. «No 2012 cuestionamos a contía que recibía a empresa encargada da oficina de rehabilitación e a súa deficiente xestión, así como a falta de dilixencia do goberno local no que se refire á solicitude e xestión destas e outras subvencións», señala.