La Diputación acusa a la Xunta de no colaborar en el precio de las plazas y el PP habla de desencuentros dentro del PSOE
24 feb 2018 . Actualizado a las 20:57 h.A finales de febrero del 2018 comienza a ser difícil de explicarle a los lucenses que una inversión que ronda los diez millones de euros e iniciada hace más de cinco años sigue aún sin abrir. Nos referimos a las residencias de mayores que la Diputación construyó con el fin de dar salida a una demanda social debido al envejecimiento de la población.
La reunión del consejo de administración de Suplusa, la entidad encargada de la gestión de las residencias, debería haber tratado esta semana la ordenanza y los precios que se aplicarán, al menos en la primera que puede abrir, la de Castroverde, y a la vez los permisos para las de Trabada, ya terminada, y la de Guitiriz, pendiente del inicio de obras. Pero no fue así.
La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, presentaba en el registro de la Diputación un escrito para conocer los motivos del aplazamiento y el porqué de no haber cumplido el acuerdo plenario de presentar los precios de las residencias; pero a las pocas horas desde el gobierno provincial respondían que se haría en marzo debido a que están buscando la manera de conseguir abaratar el coste previsto por plaza en las residencias (unos 1.100 euros) y centros de día (675 euros).
Los servicios sociales de la Diputación están trabajando en la ordenanza y buscando la fórmula legal y que haga viable abrir las residencias «con carácter público e para os lucense e cuns prezos razoables». Desde el gobierno trabajan con este escenario «ante a reiterada negativa da Xunta a colaborar». Y es que los socialistas acusan a los populares de Lugo y a la Consellería de Política Social de no colaborar en un modelo de plazas concertadas: «Querían que pedíramos os permisos para que primeiro a Deputación e logo Suplusa fosen entidades prestadoras de servizos sociais e agora din que os centros da Deputación son para non dependentes e que a Xunta só concerta prazas para dependentes».
Pero desde las filas populares la película se ve desde otro punto de vista: «Por lei, as administracións teñen que destinar os recursos ás persoas dependentes; pero unha vez dito iso o que temos é que saber cal será o prezo de cada praza e logo podemos ir aos concertos e seguro que a Xunta colaborará para que se poñan en marcha», apuntaba Candia. La portavoz del PP señaló que se deberían dar «mecanismos» que permitan a los usuarios poder afrontar el coste de las plazas, «pero para iso haberá que correxir cousas que o permitan e abrir outros escenarios e nós intentaremos que se leven a cabo os acordos coa Xunta».
¿Batalla política o de modelo?
Desde las filas del PP ayer volvieron a insistir que detrás de la situación actual «hai unha liorta interna entre Campos e Martínez que poñen en risco a posta en funcionamento dos centros», a lo que desde las filas socialistas contestaron «que deixen de enredar e inventar batallas políticas e que traballen para que os seus compañeiros da Xunta axilicen a concesión de licencias».
La realidad es que detrás del actual conflicto está el del modelo de gestión. Desde el gobierno provincial quieren gestionar directamente las residencias, con el fin, señalan, de que sean para los vecinos del municipio o de la comarca en la que se construyeron. Pero en la actualidad es Suplusa, que preside Manuel Martínez, quien tiene la gestión. Informes varios, entre ellos uno del Tribunal de Cuentas, ponen en duda esa encomienda. Por su parte, desde la Xunta, hay voces que señalan que si hay concierto, las plazas debería ser para cualquier ciudadano gallego, algo a lo que de momento se niegan