En dos casos pidieron dinero para dejarlos libres y en otro todavía no lo plantearon
21 mar 2018 . Actualizado a las 23:09 h.Al menos tres pisos de A Milagrosa, Fonte dos Ranchos y A Cheda se encuentran en estos momentos ocupados por familias rumanas que no están pagando el alquiler estipulado en los contratos suscritos en su momento con los propietarios. En dos de estos casos los inquilinos han solicitado a los dueños la entrega de diferentes cantidades para dejar libres las casas, 1.800 euros en un caso y 3.000 en el otro. En el tercero, pese a que no abonan el alquiler y realizan consumos importantes de agua y de calefacción, que es el paso previo a hacerlo, por el momento no se han ofrecido a marcharse a cambio de dinero.
Los propietarios de las viviendas están preocupados por el desenlace. Al menos en uno de los casos, el del dueño de una vivienda en la calle Río Ser, en A Milagrosa, no está dispuesto a ceder a la extorsión a pagar para que quede su propiedad vacía, como hizo en su momento la sindicalista Carmen Aira, que después de ceder a las presiones de los inquilinos les entregó 3.000 euros y después presentó una denuncia en la Fiscalía, que fue admitida a trámite.
Los afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato hasta que se solucione el problema en el que están inmersos, aseguran que han dado algunos pasos de cara a intentar desalojar a los inquilinos. Al menos dos de ellos acudieron a la comisaría de policía, donde les informaron que no pueden tomar medidas dado que hay por medio un contrato civil y que el trámite que es el que hay que seguir en estos casos es el de iniciar un procedimiento de desahucio. Uno de los afectados recurrió a la Fiscalía para informar por escrito de lo que le está ocurriendo y en el que pide que se tomen medidas. Por el momento no hay constancia de que recibiera respuesta.
Muchas coincidencias
Los tres casos tienen muchos puntos en común. Los dueños de los pisos firmaron contratos con los inquilinos, que presentaron nóminas como garantía de pago. Los recibos por el consumo de agua, luz o gas siguen a nombre de los propietarios, que ya han recibido los primeros recibos con consumos desorbitados, que obligan incluso a mantener las ventanas abiertas por exceso de calor, al estar la calefacción a tope. Esto, junto con las quejas de los vecinos por ruidos en el interior de pisos de ocupación masiva y en algunos casos actitudes incívicas, forman parte de la secuencia que utiliza lo que podía ser uno o varios grupos organizados.
Los integrantes de este grupo organizado están perfectamente asesorados en su forma de proceder. Si consiguen que el propietario claudique por miedo a consumos, destrozos y mensualidades impagadas y acabe pagando, cambian de piso. Si por el contrario, el dueño inicia el procedimiento de desahucio cuentan con el apoyo de un profesional de la abogacía que asume los trámites pertinentes para alargar el proceso. Cuando finalmente son desalojados por el juzgado ya han vivido gratis en un piso con determinadas comodidades, como calefacción, que corren por cuenta de los dueños.
Una vez desalojado el piso los propietarios lo que desean es olvidarse de la pesadilla vivida en los meses en los que han tenido el piso ocupado, con la incertidumbre sobre su estado. Generalmente la vivienda no vuelve a formar parte del mercado de alquiler ni reclaman indemnizaciones..