La letrada Berta López asesora a tres personas que denunciaron a parejas rumanas a las que arrendaron sus casas
22 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«La desesperación de los propietarios es mucha, sobre todo de los que tienen todavía los inquilinos dentro. Llaman todos los días para preguntar cómo va el caso, que, de momento no se ha movido». Esta frase es de Berta López la abogada de los propietarios de pisos, extorsionados por parejas de inquilinos rumanos.
Asesora a tres de los cuatro que presentaron denuncia. Según la letrada, «el fiscal ya hizo su trabajo y ahora es el Juzgado de Instrucción número dos el que tiene que actuar, pero este caso no está contemplado en los supuestos de servicios mínimos y el personal de Justicia lleva en huelga semanas».
La primera persona que demandó sus servicios fue la sindicalista Carmen Aira, hace cuatro meses. A raíz de que se hiciera público el caso, llegaron los otros. Según recuerda, en su primera intervención intentaron negociar con la inquilina ante la deuda que acumulaba y los consumos que realizaba.
«La primera vez que la llamé fue para negociar el pago de la deuda, porque pensamos que podría estar en una situación económica delicada, ya dijo que si la propietaria quería que dejara el piso tendría que pagar 3.000 euros y avisó de que, de lo contrario, los gastos serían superiores». Las advertencias se cumplieron porque, según la letrada, el último recibo del agua que le llegó era tan elevado que estaba acompañado de un requerimiento del Ayuntamiento de Lugo para que comprobara posibles fugas en el circuito. No era el caso, procedía de que los grifos estaban abiertos día y noche. También tenían la calefacción puesta continuamente.
«No ceder al chantaje»
«Yo les recomiendo a todos mis clientes ?añadió? que no cedan al chantaje, ya que de lo contrario estaría incurriendo en un delito, pero entiendo perfectamente la postura del que paga para evitar males mayores». Dos de ellos acabaron dándoles 3.000 euros. El tercero todavía tiene a los inquilinos en la vivienda recién reformada y está a la expectativa por los elevados consumos que están realizando. Le pidieron 2.800 euros.
Existe un cuarto propietario,, que también presentó denuncia, con el que la abogada también está en contacto, pero que no le lleva el caso. Se trata del dueño de una vivienda en la calle Río Navia, del que informó este periódico poco después de que saltara el caso de Aira, al que le pidieron 5.000 euros.
Desde el principio advirtió que no iba a ceder a chantajes. En su casa ya no están viviendo las personas con las que firmó el contrato de alquiler, sino otras diferentes. El dueño, que reside habitualmente en A Coruña, denunció en su momento en la Comisaría de Policía que habían realizado, por su cuenta, un peligroso enganche de gas y se quejaba de que pese a que existía conocimiento oficial del caso, no había habido actuación alguna.
La abogada coincide con la opinión que refleja el fiscal en su denuncia ante el Juzgado de Instrucción número dos, en el sentido de es preciso actuar de forma urgente. «Sería necesario ?dijo? que se agilizaran las cosas para evitar males mayores». Según explicó, los propietarios que siguen teniendo a los inquilinos dentro de sus inmuebles están desesperados por la incertidumbre de cómo va a acabar todo, por saber cómo van a quedar las casas y por los gastos que están generando con los consumos excesivos.