Investigados los siete ediles del PP de Sarria y tres independientes por votar en contra de una sentencia judicial

Quedaría en duda la candidatura de José Antonio García para optar a la alcaldía de Sarria


Los siete concejales del PP de Sarria y otros tres independientes acaban de ser citados como investigados acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa por votar contra una sentencia que mandaba actualizar el sueldo de una trabajadora municipal. El 29 de junio de 2017 se celebró en el Ayuntamiento de Sarria un pleno de la corporación para fijar el sueldo de la directora del centro municipal de atención a la mujer, ya que una sentencia había dado la razón a esta trabajadora, y debía tener un sueldo propio de su categoría, (A1), con los complementos correspondientes. La alcaldesa, la socialista Pilar López, convocó el pleno y propuso adjudicarle dicho sueldo así como los complementos acordados por una comisión de técnicos. Los 4 concejales socialistas y los dos del BNG que forman gobierno con ella votaron a favor, pero los siete ediles del PP lo hicieron en contra, además de un independiente y un no adscrito. Otro de los no adscritos se abstuvo. Por tanto, el pleno de la corporación, por mayoría del PP e independientes, rechazó la subida de sueldo que ordenaba la sentencia y que el gobierno local intentó aprobar. El portavoz municipal del PP, José Antonio García, asegura en cambio que la resolución aprobada por el pleno no vulnera en absoluto la sentencia.

Ahora acaba de producirse la citación judicial de oficio, ordenada por la Fiscalía, contra los diez concejales del PP, del independiente y de dos no adscritos (incluso del que se abstuvo) para declarar el 18 de febrero en el juzgado. Fueron citados los diez, con un tiempo de 15 minutos cada uno, de tal manera que declararán los diez en la misma mañana.

PP e independientes argumentaron que se esperase a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y no ejecutar solo la subida de esa trabajadora, dejando el asunto sobre la mesa. La alcaldesa les replicó que al tratarse de una sentencia judicial había que ejecutar lo ordenado.

Hubo otros dos plenos, en agosto y noviembre de 2017, pero se repitieron siempre los mismos resultados y la propuesta de actualización del sueldo de la concejala no pudo salir adelante.

El portavoz municipal del PP niega que aquella resolución plenaria vulnerase en ningún caso la sentencia judicial. Según asegura, la resolución judicial establecía que esa trabajadora debía cobrar el sueldo correspondiente al grupo funcionarial A1 y al nivel 26, y eso, asegura, ellos no lo discuten, ni ahora ni antes. "A discrepancia estriba -afirma García- no complemento específico, que non aparece cuantificado na sentencia". Este concejal popular sostienen que lo que el pleno tumbó con los votos de la oposición fue la propuesta del gobierno local sobre ese complemento específico. Él sostiene que la alcaldía establecía una retribución excesiva. "A proposta que nós rexeitamos -insiste- tiñan unhas repercusións económicas brutais para o Concello"

En cuanto a la llamada a declarar, García sospecha que la Fiscalía no tiene toda la documentación sobre este asunto. Hay, asegura, un informe de la abogacía del Estado que determina que la resolución adoptada por el pleno con los votos del PP y dos de los concejales no adscritos respeta el contenido de la sentencia judicial.

El candidato del PP para las municipales, comprometido

Uno de los implicados en la investigación es el actual cabeza de lista del PP de Sarria, José Antonio García, que podría ser el candidato local para las próximas municipales. Esta investigación por prevaricación administrativa podría suponerle un obstáculo para ir en la lista por la normativa interna del partido. Además, resulta que José Antonio García es el asesor jurídico del partido a nivel provincial, y así consta en el grupo de Elena Candia, ya que es licenciado en derecho. Otra de las concejalas implicadas del PP es procuradora de los tribunales. Y aún hay otro licenciado en derecho entre los investigados populares, que es Francisco Pérez.

La acusación de este caso parte de la Fiscalía y no de la trabajadora ni de una acusación particular.

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