El Concello de Lugo dice que instalar la playa fluvial llevará años por las exigencias de la Xunta
LUGO
Asegura que el informe de Patrimonio es un «instrumento partidista»
21 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Un día después de que la Xunta hiciese público un informe desfavorable sobre la instalación de la playa fluvial en la segunda ubicación que propuso el Concello de Lugo para tratar de esquivar a los protegidos mejillones de río, el gobierno local se pronunció. Lo hizo asegurando que dicho informe trata de «coartar a lexitimidade do permiso outorgado por 25 anos» y al que Patrimonio Natural había dado el visto bueno en el 2019, añadiendo además que la Xunta le niega a los lucenses la playa fluvial.
Fue el edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, el que valoró los hechos: «A Xunta négalle aos lucenses o dereito a gozar dunha zona de baño pública no Miño», dijo el concejal. «A resolución é clarísima. Pretende coartar non só neste 2022, senón, de súbito, os 25 anos de concesión que temos autorizados, tratando de deslexitimar o permiso que se nos outorgou, negándonos a posibilidade de avaliar, cada exercicio, cal é a situación do río para determinar se, cada verán ?pero un a un- resulta procedente ou non colocar as piscinas».
El gobierno local considera que la Xunta entra en contradicción consigo misma al posicionarse en sentido contrario al último informe enviado a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en el 2019, antes de la concesión del permiso, en el que afirmaba que respetando esos condicionantes, «poderíase autorizar a instalación destas piscinas se así o entenden dende a CHMS». Algo que el Concello defiende que hizo.
«Un informe, ese de 2019, que, por certo, está a ocultar deliberadamente para evitar que queden retratadas as súas propias incongruencias, o que evidencia, por partida dobre, que para a Xunta de Galicia a zona de baño pública en Lugo non é máis que un instrumento partidista, unha ferramenta coa que persegue facer dano electoral, cando non teñen o máis mínimo reparo en poñer o criterio técnico ao servizo da política máis rancia, que é a que acostuman a facer, a costa dos intereses da cidadanía», subrayó Miguel Fernández.
El Concello critica también el ofrecimiento de la Xunta a colaborar para buscar un nuevo emplazamiento cuando en el punto 9 del documento descarta directamente el sistema de plataformas al considerarlas «problemáticas nun sistema de augas correntes suxeitas a variacións de calado, caudais e velocidade de corrente». Además, recuerdan desde el gobierno local que un cambio de ubicación obligaría a empezar de cero toda la tramitación, algo que puede llevar años.
Continuando con su argumentación, el Concello señala que el estudio técnico hecho por una empresa externa en la ubicación inicial, y que analizaba una superficie de 2.364 metros cuadrados dividida en ocho puntos de muestraje, contabilizó 96 mejillones, cifra sobre la que luego la Xunta «fixo a estimación dunha posible densidade con rango entre os 6.000 e os 10.000 individuos». En la localización a 40 metros que el Concello proponía como pan B, el gobierno sostiene que también el volumen de bivalvos era bajo.
Asimismo, desde el Ayuntamiento apuntan que ahora Medio Ambiente también preguntó, por primera vez, por los plazos de desmontaje de la plataforma.
Javier Arias: «Con esta forma de actuar es imposible conseguir la playa fluvial»
El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, valoró la situación que afecta a la playa fluvial asegurando que «la nueva ubicación tiene los mismos problemas de seguridad y afectación de especies protegidas que el anterior emplazamiento planteado por el Concello, y por tanto Patrimonio Natural ha vuelto a emitir un informe desfavorable».
Arias cargó las tintas contra el Concello, al que dijo que «con esta forma de actuar es imposible conseguir la playa fluvial. Esperemos que por lo menos el Concello tenga en cuenta en el futuro las recomendaciones de Medio Ambiente». En ese sentido, aseguró que ya en el 2018 se había informado a la administración local de que eran imprescindibles una serie de muestreos y aportar estudios que afectan a la seguridad de las instalaciones.
«La Xunta no puede dar el visto bueno a un proyecto que no garantiza la seguridad de los usuarios y que afecta a especies amenazadas. No podemos cometer una ilegalidad por torpeza del Concello», abundó el delegado de la Xunta, que se ofreció a colaborar para buscar una alternativa.
El PP municipal, por su parte, señaló que «Lugo tiene la playa fluvial imaginaria más cara de la historia», añadiendo que «están en riesgo los 303.319 euros que aporta la Diputación» y a los que se añaden otros gastos. Consideran que la tramitación de la documentación de la playa fue «un despropósito».