Dos años de prisión y 233.000 euros de indemnización para un empresario de Lugo que defraudó a la Seguridad Social
LUGO
La Audiencia Provincial le ha impuesto también la prohibición de recibir subvenciones durante cuatro años
10 abr 2025 . Actualizado a las 17:32 h.La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un empresario por un delito de fraude a la Seguridad Social tras constatar que, a través de una compleja red de empresas, dejó de abonar más de 230.000 euros en cotizaciones. El tribunal ha impuesto una pena de dos años de prisión, además de una multa que iguala la cantidad defraudada, así como diversas penas accesorias de inhabilitación.
Según recoge la sentencia, el condenado era el administrador de facto de la empresa LineaNorte Multiservicios S.L., desde donde orquestó un entramado para eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social durante varios años. Para ello, recurrió al nombramiento sucesivo de testaferros como administradores formales, personas que carecían de relación real con la gestión y que, en algunos casos, se encontraban incluso en situación de desempleo.
La Sala también consideró probado que, al aumentar las deudas y las dificultades para operar en el mercado, el empresario creó una nueva sociedad, Castrobarredo S.L., con la que continuó la actividad mercantil de forma encubierta. Ambas empresas mantenían la misma estructura de personal, actividad y dirección efectiva, lo que evidenció, a juicio de los magistrados, una maniobra deliberada para ocultar al verdadero responsable y eludir las obligaciones legales.
Absueltos los presuntos testaferros
El tribunal ha valorado especialmente la existencia de un «sistema orientado a la defraudación», que incluía la omisión sistemática del pago de cuotas, el uso de empresas pantalla y la falta de presentación de cuentas anuales. Todo ello con el objetivo de impedir o dificultar la acción recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el juicio oral, celebrado el pasado mes de enero, fueron procesadas varias personas más, entre ellas los supuestos administradores formales de las empresas, así como allegados del principal condenado. No obstante, la Sala los ha absuelto a todos ellos, al considerar que no se acreditó suficientemente su participación activa en la conducta delictiva ni su conocimiento del fraude.
La sentencia también contempla la obligación del condenado de indemnizar a la Seguridad Social por el importe total defraudado: 233.629,13 euros, cantidad que se incrementará con los intereses legales correspondientes. Además, se le impone la prohibición de obtener subvenciones públicas y beneficios fiscales durante cuatro años.
El fallo no es firme y contra él cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.