Un casero y una inquilina de Rábade acaban en el Juzgado por el pago del alquiler y los recibos

Tania Taboada

LUGO CIUDAD

OSCAR CELA

La arrendataria denuncia que desde hace un mes vive sin luz porque el arrendador no abona las facturas

02 oct 2015 . Actualizado a las 12:50 h.

Las discrepancias sobre el pago del alquiler de un piso en Rábade por el importe de 250 euros mensuales y las correspondientes facturas de luz y agua entre un casero y una inquilina llegan al Juzgado de Lugo.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año pasado, cuando según cuenta la arrendataria, Estefanía Campello Rodríguez, de 26 años y con tres hijos de diez, siete y tres años, alquiló un piso en la Plaza Castelao de Rábade, propiedad de una lucense que actualmente reside en Venezuela y que apodera su hermano, Dositeo Teijeira, un residente en Matela, Outeiro de Rei, y de 83 años de edad.

Aunque las cláusulas cinco y seis del contrato (firmadas por ambos) manifiestan que «el consumo e importe de la electricidad, gas butano y agua serán abonados con el importe del alquiler antes del día cinco de cada mes en la sucursal del Banco Pastor de Rábade y que el importe de la renta, de 250 euros mensuales, serán ingresados en cartilla con los otros recibos en la misma sucursal y que de no ser así se autoriza al arrendador a que en el plazo de una semana entre en el piso para la retirada de objetos pertinentes y, de esta forma, la arrendataria perderá todos los derechos de arrendamiento de este contrato por incumplimiento al deber comprometido», la inquilina, Estefanía Campello, dice que las abonó «en mano» a su casero. «Entregáballe os cartos en man pero el négao. En decembro empezou a dicirme que non lle pagaba e acabou denunciándome. Agora non teño maneira de demostrar que lle paguei. Ademais de pagar o aluguer, abonei o arranxo da caldeira da calefacción, que me custou 487 euros; facturas de auga por un total de 80 euros e preto de 100 euros que gastei para pintar o piso», indica la joven.

A oscuras y con linterna

Siguiendo el relato de la arrendataria, en el mes de febrero le llegó una denuncia por impago y de ahí la orden de desahucio para abandonar el piso en un plazo de diez días. «Segundo indicaba a notificación, tiña que abonar 1.500 euros, que son os seis meses de aluguer, ou abandonar a casa. Púxenme en contacto co xulgado, mandáronme pedir un avogado de oficio e este díxome que iso estaba aprazado ata o día da vista, que será este martes», explica Estefanía, que indica que después tendrá lugar la ejecución y el plazo para irse.

Aún así, la joven dice que no se irá. «Non me vou a ir desta casa porque paguei o aluguer e as facturas. Pasoume un primeiro recibo e ingresei o importe no banco, pero non sei que fixo porque esa transferencia non consta», afirma la arrendataria. «En canto as facturas da luz, cargábanllas ao caseiro na súa conta e logo eu abonáballas. Pero como el non fixo o pago de polo menos tres recibos da luz, no mes de febreiro cortárona e desde esas vivo a escuras. Os fillos mais maiores están con meus pais porque no piso non están cómodos e aquí vivimos o neno pequeno, miña parella e eu, aínda que temos que ir con frecuencia a casa dos meus proxenitores, ata para cargar o móbil», explica Estefanía, que indica que se las arregla con la linterna del móvil y con velas para ver por las noches.

Versión del casero

Cuando nos dirigíamos con la inquilina al piso para ver las condiciones en las que vivía, esta indicó que no tenía las llaves del portal y tras timbrar en el porterillo, nadie abrió la puerta. Pedimos que telefoneara a su pareja pero esta dijo que no tenía línea telefónica para hacerlo.

OSCAR CELA

Tras escuchar la versión de Estefanía Campello acudimos a Matela, para escuchar la versión de Dositeo Teijeira, el casero. Este indicó que la joven solo le había abonado una fianza de 250 euros pero que tras eso no había recibido ni un solo euro de su parte. Mostró el contrato donde consta la cantidad y la sucursal donde tendría que abonar la arrendataria el alquiler y las facturas.

Este martes, casero e inquilina se verán en los juzgados de Lugo tras la notificación de la orden de desahucio.

Por su parte, la Guardia Civil imputó en calidad de investigado al arrendador por un presunto delito de coacciones.