Pilar de Lara, la jueza que cambió la vida de Lugo

la voz LUGO

LUGO CIUDAD

OSCAR CELA

La magistrada recurrirá la sanción del CGPJ ante el Supremo porque quiere cerrar sus causas este año

28 sep 2019 . Actualizado a las 15:32 h.

Nacida en el año 1971 en Cartagena, Pilar De Lara Cifuentes llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en el 2007, procedente de Mieres. Al poco tiempo de llegar a la ciudad de las murallas empezó a abrir macrocausas de todo tipo, metiendo el diente a instituciones como la Guardia Civil, la Policía Nacional, empresarios, políticos y proxenetas. Al principio tuvo el respaldo de sectores sociales de una tranquila ciudad como Lugo, pero con el paso de los años fue ganando enemistades. Muchos la acusaron de que sus investigaciones iban dirigidas contra el PSOE, pero con la operación Pokémon entró también en las filas del PP.

De Lara, cuyos afines destacaban de ella ser una mujer que no se arrugaba y que tenía mano firme, además de gran capacidad de trabajo, comenzó a dilatar las numerosas causas que fue abriendo con el paso de los años: la operación Carioca (2009), la Pokémon (2012), la Pulpo (2013), la Cóndor (2015) o la Garañón (2015), entre otras. En el 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya comenzaba a hacerle inspecciones ante las numerosas quejas que recibía de las decenas de imputados que iba dejando por el camino.

Tras investigar a más de cien personas y ordenar detenciones, actualmente es ella la investigada por el Poder Judicial por los «retrasos», «desatención en su juzgado» y en definitiva, por su particular forma de instruir. Según opinan la mayoría de los letrados que han pasado por algunas de sus causas, a la magistrada posiblemente le faltó concreción para atar acusaciones en momentos puntuales y sin embargo, optó por seguir abriendo caminos. Dicen que parecía como si no fuese capaz de trabajar de otra manera y aseguran que autos que se solventarían con dos líneas, De Lara los convertiría en temas de derecho universal y penal. Tuvo refuerzos, como fueron el juez o el secretario de apoyo, pero el verdadero tapón estuvo en funcionarios y medios técnicos.

Profesionales de la Justicia consultados ven positivo que si una jueza ve indicios de delito abra causa para investigar y determinar, pero a la vez califican de grave que haya decenas de imputados que llevan años en el limbo. Sus investigaciones pusieron fin a carreras políticas, afectaron personal y familiarmente a empresarios y salpicaron a otros implicados.

Recurso al Supremo

Después de que el CGPJ rechazara el recurso interpuesto por De Lara, su letrado anunció que solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la sanción de siete meses y un día de empleo y sueldo que se le ha impuesto, lo que además le acarrearía la pérdida de su destino de Lugo.

De Lara no tira la toalla, a pesar del duro varapalo del CGPJ. Solicitará la suspensión cautelar de su sanción, lo que podría alargar todo el proceso para desesperación de los imputados, que veían en la investigación del Poder Judicial una oportunidad para que sus causas fuesen analizadas por otros magistrados.

El abogado de De Lara fue claro al respecto: «Lo primero es recibir la notificación y después preparar el recurso contencioso ante el Supremo y solicitar la suspensión de ejecución de la sanción, que ocurrirá en dos o dos meses y medio». Si el Supremo concede la suspensión, la jueza seguiría ejerciendo hasta que decidiera el tribunal, de modo que «se alargaría un año o más de un año hasta la decisión final». Tiempo suficiente para que siga cerrando las causas abiertas. Ella llegó hace meses al compromiso de hacerlo antes del mes de enero del 2020. Por si acaso, la del Garañón la terminó el miércoles, justo el día antes de que fuese ratificada su suspensión.

Fernando Blanco reclamará al Estado por daños morales

El exconselleiro del BNG Fernando Blanco, que se apartó de la vida política en el 2012 tras su imputación en una pieza separada de la operación Campeón, sobreseída en el 2018, presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial tras confirmarse la sanción a de Lara por dilaciones en instrucciones como la citada. La reclamación será ante el Ministerio de Justicia y se pedirán daños materiales y morales, ya que tuvo que abandonar la política.