El jurado declara culpable por unanimidad al vecino de Rábade que mató a su hermano
LUGO CIUDAD
En el veredicto se valoró positivamente el atenuante de arrebato, por lo que es posible que la pena se quede en 10 años y no en los 12 que pedía la fiscal
18 nov 2021 . Actualizado a las 19:54 h.El jurado popular declaró culpable por unanimidad al vecino de Rábade que acabó con la vida de su hermano. El veredicto, declarado la tarde de este jueves, valoró positivamente el atenuante de arrebato y el de confesión, y también tuvo en cuenta el agravante de parentesco. Es probable, por lo tanto, que la pena se quede en 10 años y no es los 12 que pedía la fiscal.
La estrategia de la defensa del presunto fratricida de Rábade cambió completamente en la última sesión del juicio, celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo. En sus conclusiones finales, el abogado de José Luis Alonso Díaz explicó que «no cabe ninguna duda de que mi cliente acabó con la vida de su hermano». De esta forma, descartó la posibilidad de solicitar la absolución del acusado, tal y como hizo al comienzo del juicio, y cambió de rumbo hacia la petición de una rebaja por atenuantes, la cual parece que podría conseguir.
Y es que este mismo jueves, por la mañana, terminó el juicio en el que se acusaba a un vecino de Rábade de haber acabado con la vida de su hermano estrangulándolo hasta la muerte. Ocurrió en noviembre del año 2019, y en la primera sesión (la del miércoles), 10 agentes de la Guardia Civil acreditaron que había sido el propio acusado el que había avisado a las autoridades del suceso, para luego ofrecerles las manos para ser esposado. Fue detenido y enviado a prisión provisional.
En la segunda y última jornada del juicio, testificaron agentes del servicio de Biología de la Guardia Civil, forenses o psicólogos, que aportaron nuevas pruebas que señalaban al acusado como presunto autor del crimen.
Los agentes de la Guardia Civil, responsables de la sección de Biología, ratificaron el resultado del informe que presentaron durante la fase de investigación. En ese escrito, se daba por probado que el ADN encontrado en la escena del crimen pertenecía solamente a dos personas, la víctima y el acusado.
Los forenses, que también analizaron el lugar de la muerte del hermano del acusado, explicaron que lo hallaron «boca arriba, con la mano derecha contraída y con un mechón de pelo agarrado, y con heridas evidentes en cuello y boca». Tras el estudio del cadáver, los médicos del Instituto Médico Legal de Galicia (IMELGA) que intervinieron en el proceso afirmaron, con rotundidad, que «la causa de la muerte fue homicida», y que «el motivo del fallecimiento fue el estrangulamiento».
De esta forma, descartaron hipótesis que ya se veían como muy poco probables, como el suicidio o la muerte accidental.
La muerte violenta fue la nota coincidente en los testimonios de todos los implicados en el caso. La motivación del presunto autor, sin embargo, permanece como un misterio. El acusado se negó a declarar en todo momento, algo que su propio letrado definió como «una dificultad añadida», ya que «es casi imposible defender correctamente a alguien que no quiere ser defendido».
El abogado Juan Carlos Fernández, que se hizo cargo de la defensa del vecino de Rábade, explicó que era «la primera vez que me ocurre algo así en mis más de 30 años de carrera».
Esta explicación, pronunciada durante su turno de conclusiones, avanzaba una decisión que muchos ya veían venir. La defensa asumió la autoría de su cliente, explicando que «las pruebas aportadas a lo largo de las dos sesiones del juicio lo señalan claramente».
Por lo tanto, la decisión del letrado fue la de solicitar la rebaja de la posible condena, alegando un atenuante de «arrebato». Esta disminución se debería aplicar, según Fernández, porque «la escena del crimen presentaba unas evidencias de que había habido una pelea, en la que mi cliente habría perdido el control tras, precisamente, un arrebato de ira».
El abogado quiso apoyarse también en los testimonios de varios profesionales de la salud mental, que se entrevistaron con su cliente en diversos momentos del procedimiento. Se refería a las declaraciones de una psicóloga y de un psiquiatra, acontecidas este jueves. Ambos, durante su intervención, afirmaron que «el acusado no presenta ninguna enfermedad o trastorno mental».
Los dos buscaron signos de patologías psicópatas o esquizoides en la mente del sospechoso, sin éxito. La conclusión de ambos, finalmente, fue que el hombre es «una persona fría, distante, que muestra poca empatía, pero que sí expresó un cierto arrepentimiento durante las entrevistas y que pareció ver justo su ingreso en prisión, ya que se creía merecedor de un castigo por lo que había hecho», según dijo el psiquiatra que lo atendió en dos ocasiones.
Por lo tanto, un posible eximente de la condena quedó prácticamente descartado, ya que no se podía alegar que el acusado no tuviese el control de sus actos en el momento de los hechos.
Sin embargo, la psicóloga explicó que había detectado «unos rasgos en la personalidad del acusado», que podrían indicar que, «aunque solía reaccionar con cierta lógica ante estímulos negativos, como discusiones, sugerían que, de forma puntual, podría mostrarse agresivo ante situaciones de estrés». A esta última parte es a la que el abogado del acusado quiso agarrarse para pedir una rebaja de la pena por ese supuesto «arrebato», explicando que su cliente habría sufrido un ataque de ira espontáneo, que terminó con el «trágico desenlace».
La fiscal encargada del caso, por su parte, se limitó a ratificar su versión del suceso. Acusó al sospechoso de haber matado a su hermano, y cimentó su propuesta en la «gran cantidad de pruebas» que lo señalaron durante el juicio. Explicó que no se conoce la motivación del presunto autor para hacer lo que hizo, pero incidió en que «es irrelevante de cara a que el jurado decida si es culpable o no». Además, modificó su escrito de acusación para aumentar de 10 a 12 años la pena de prisión que solicita para el acusado.
Finalmente fue el turno del jurado popular, que tomó la decisión de declarar culpable de un delito de homicidio al acusado. Su función, simplemente, fue la de responder a una serie de cuestiones que les expondrá el presidente del tribunal, destinadas a que tuviesen lo más claro posible su veredicto. Además, valoraron positivamente los atenuantes solicitados por la defensa, el de arrebato y el de confesión, y el apoyado por la Fiscalía, el de parentesco.
