Catastrazos de IBI de 8.000 euros en Sarria que son «obligatorios», según Garrido

Hace un mes que el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) está provocando el caos entre una parte de los vecinos de Sarria. Quienes poseen terrenos en núcleos rurales recibieron notificaciones de cobro de cuatro años de atrasos. Del 2016 al 2019 de manera retroactiva. Esto suma cantidades a liquidar de hasta 8.000 euros. La localidad arrastra problemas urbanísticos y falta de medidas de prevención de los gobiernos locales desde el 2012, cuando se aprobó la ley estatal que ahora repercute en los bolsillos de los sarrianos. El actual alcalde Claudio Garrido, que ya entonces pedía la rebaja del IBI desde la oposición e inició su mandato proponiendo varias medidas, ahora asegura que ninguna se puede llevar a cabo para paliar los pagos.

El «catastrazo» del Gobierno de Mariano Rajoy del 2012 determinó que el suelo calificado como núcleo rural pasaría a integrarse como urbano, de manera que tiene un valor mucho mayor y por tanto se debe pagar más de IBI. Este cambio tiene una especial incidencia en Sarria. El motivo es que el plan urbanístico del concello es de finales de los años 80, al igual que la ponencia de valores catastrales del suelo. Entonces, el suelo rural era mucho mayor de lo que es en la actualidad, ya que una gran parte debería pasar a ser considerada suelo rústico, el que menos valor tiene. Sin embargo, es la normativa que continúa vigente, por lo que numerosos dueños de terrenos rurales lo son en realidad de rústicos.

Cuando se sacó la ley estatal en el 2012, en Sarria gobernaba el popular José Antonio García y Claudio Garrido, como portavoz del PSOE, ya presentaba mociones para solicitar una rebaja de este impuesto. Lamentaba que «el gobierno municipal tuviera que aceptar una imposición del nuevo gobierno». Finalmente fue en el 2015 cuando el Catastro notificó que se iba a revisar el IBI del suelo rural y en el 2016 cuando entró en vigor. En Sarria, la notificación de las nuevas valoraciones empezó a llegar en el 2018. Durante esos años, ningún gobierno local, que fueron los de José Antonio García y el de la socialista Pilar López, sacaron medidas.

Cabe recordar que el IBI es un impuesto que ingresan íntegramente los concellos y por tanto son los que tienen la última palabra. Aunque el Catastro presente determinadas valoraciones, los concellos pueden interponer un recurso contra esos nuevos valores. No lo hizo Pilar López ni tampoco ahora Claudio Garrido. Pero no es la única medida que pueden tomar los gobiernos locales.

Medidas propuestas en el 2019

Cuando Claudio Garrido ganó la alcaldía con Camiña Sarria, el Concello organizó reuniones por las parroquias para explicar el «catastrazo» y las propuestas municipales. El regidor lo tildó como «ilegal» y «abusivo». Y prometió que propondría una modificación de la clasificación de los núcleos rurales de Sarria y que interpondría un recurso general contra la subida. Pero no lo llevó a cabo. El regidor explicó ayer que la Xunta no le permitió modificar el plan urbanístico para cambiar la clasificación de los núcleos rurales.

En el 2020, el PP llevó a pleno unas iniciativas de ayuda a los sarrianos por la crisis del covid. Entre ellas se encontraba una por la que, si subía el valor catastral, el Concello reduciría el coeficiente corrector. Esto es el porcentaje que aplican los Concellos al valor catastral. En Sarria es un 0,63% en suelo rústico y 0,53 % en rural. Sin embargo, el gobierno local votó en contra. En el 2021, otra moción de los populares se pedía información sobre cuanto ingresaría el Concello para poder crear un plan de apoyo a los afectados, pero no lo dijo. Este año, finalmente, llegaron las liquidaciones a los sarrianos. Son cantidades a pagar entre los 1.000 y hasta los 8.000 euros.

La oposición aprobó el mes pasado otra moción para crear un plan de apoyo para devolver el pago a los afectados. El gobierno local votó en contra. «Es ilegal devolver el dinero de un impuesto obligatorio», defendió Garrido. La única medida que tomó el alcalde es solicitar la revisión al Catastro de la ponencia de valores de 1986 y así rebajarlos. Además, en el 2019 aprobó la bonificación del 95 % para las construcciones agrícolas y ganaderas, que desde entonces ya no pagan el impuesto.

María José Rigueiro, abogada: «Recibimos muchas consultas para saber cómo recurrir»

Los sarrianos que recibieron la liquidación ya tuvieron que pagarla. Los que pueden, porque muchas familias no tienen la capacidad económica. En el Rexistro Xeral do Concello constan cientos de recursos de los vecinos de Sarria ante este pago. Algunos ya se pusieron en manos de abogados, como el María José Rigueiro, que asegura que están recibiendo muchas consultas para saber cómo recurrir.

Lo que recomienda esta abogada sarriana es que los afectados presenten un recurso por el pago de los años 2016 y 2017 «porque ya prescribieron». Este recurso debe interponerme en el Servicio de Recaudación Provincial de la Diputación de Lugo, que es el organismo al que tiene delegado el Concello la gestión tributaria. Eso sí, deben revisar si por las cantidades a pagar durante esos dos años les compensa interponer el recurso.

«Interésalles non facer nada por afán recaudatorio»

Los populares, que presentaron ya tres mociones de este asunto, critican el «afán recaudatorio del Concello». Ya que, explican, con estos pagos podría ingresar «sobre un millón e medio de euros», que no tiene presupuestados, es un incremento sobre lo previsto. «Súmase ao millón do préstamo e os dous de remanente, para gastar antes das eleccións e endebedar Sarria», dice García.

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