Bruselas advierte de que España no se librará de la multa por la estiba

El fallo definitivo del Tribunal de la UE será en verano y fijará las sanciones

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bruselas / colpisa

«Habrá multa sí o sí. A lo único que puede aspirar el Gobierno de España es a minimizar el impacto de la sanción, cuyas cuantías son aún provisionales a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE». Así de contundente se mostró ayer en declaraciones a este medio una alta fuente de la Comisión, que parece haberse dado por vencida ante la secuencia de despropósitos políticos que se están produciendo en España desde hace años en lo relativo al espinoso contencioso de los estibadores. Ahora, la oposición se cierra en banda en busca de réditos políticos, pero la legislatura pasada, el PP tenía mayoría absoluta y no hizo nada.

El mosqueo es considerable. «Depende de ellos. Nosotros lo único que podemos hacer es advertirles de las consecuencias. Aquí no se trata de saber si habrá multa o no, sino de cuánto será», apostillan estas mismas fuentes.

Ayer, 24 horas después del varapalo sufrido por el Gobierno de Rajoy en el Congreso, volvió a hablar Bruselas. No hay real decreto. No hay reforma para liberalizar la estiba. España, por lo tanto, sigue incumpliendo la legislación comunitaria. ¿Hasta cuándo? Por poder, podría hacerlo sine die, pero eso le costaría un pico a todos los españoles. En este tipo de procedimientos, la Comisión siempre gana, por mucho que la parte afectada insista en el «No es no», tal y como pueden dar fe, por ejemplo, las haciendas forales vascas con las llamadas vacaciones fiscales. «A pesar del rechazo al decreto, es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos españoles. Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre del 2014 del Tribunal de Justicia y con sus obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea», recalcó la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

Hay muchísimo ruido en torno a las cuestiones técnicas de este procedimiento. De hecho, hay quien sugería que España podría librarse de cualquier multa o que la Comisión es la que decide el importe final. También se ha dicho que la sentencia está al caer. No es así. Como muy pronto, llegaría en julio, aunque lo lógico es que lo haga pasado el verano.

La polémica acaba de estallar pero viene ya de muy lejos. La Comisión abrió este expediente de infracción en noviembre del 2011 enviando una notificación formal, pero las primeras cartas alertando de que la legislación española incumplía la comunitaria se tramitaron en el 2009. Sin embargo, fue en el 2013 cuando Bruselas llevó a España ante el Tribunal de la UE al considerar que la legislación que regía la estiba era contraria a las normas europeas, tal y como el TJUE falló el 11 de diciembre del 2014.

Una segura, y otra, casi

El Gobierno tenía hasta febrero del 2015 para modificarla, pero siguió mirando hacia otro lado, lo que hizo que el Ejecutivo comunitario volviese a la carga. Lo anunció el 28 de abril del 2016 y el recurso entró en el Tribunal el 13 de julio. En él, la Comisión propone dos tipos de multas. Ojo, «propone», ya que estas cuantías pueden aumentarse o reducirse por los magistrados en función de agravantes o atenuantes que consideren oportunos. La primera, de 27.552 euros al día, desde el momento de la primera sentencia, es decir, desde 11 de diciembre del 2014. Ya van más de 22,8 millones y subiendo. La segunda serían 134.107,2 diarios que comenzarían a contar desde el día en que se dicte la segunda sentencia y hasta que el Gobierno acate el fallo del 2014. Lo que está claro es que nadie salvará a España de la primera sanción. Ya no le basta con aprobar el decreto para recibir el indulto de Bruselas.

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