Fedepesca reclama apoyo para 25.000 profesionales que pierden dinero por vender alimentos
03 abr 2020 . Actualizado a las 20:40 h.«Frustración, abandono y decepción» dicen sentir las pescaderías de España al ver que la Unión Europea (UE) no les incluye expresamente en las medidas de apoyo por la crisis del coronavirus, y ante el «irrisorio» respaldo del Gobierno. «Frustración» porque esperaban que se valorase más el esencial papel que el Estado les atribuye como proveedores de alimentos. No solo lo asumen, sino que contribuyen a mantener el confinamiento de la ciudadanía con «soluciones como la compra online, por teléfono, WhatsApp, el envío a domicilio e incluso comprando otros productos para las personas mayores».«Decepción» porque la Comisión Europea prevé «solo apoyo para los sectores productores». Y «abandono» porque el Estado «solo ofrece una prestación especial en torno a los 660 euros y la condonación de la cuota de autónomos a aquellas empresas que se hayan visto obligadas a cerrar o consigan acreditar la pérdida del 75% de facturación».
Fedepesca, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados, alza la voz en nombre de las alrededor de «25.000 personas que trabajan en el sector comercializador especializado tradicional de productos pesqueros». Sintiéndose «ignoradas», rompen su silencio después de ver la propuesta de la Comisión Europea y «tras esperar con paciencia las medidas que el Gobierno ha ido anunciando a cuentagotas y legislando después, creando confusión e inseguridad jurídica».
Fedespeca critica al Ejecutivo porque a los pescaderos que siguen al pie del cañón les da opción a aplazar la cuota de autónomos, pese a caer sus ventas «una media del 30 %, habiendo casos que llegan al 70 %», además de tener pendiente el «cobro del aprovisionamiento al sector de hostelería». Peor les va a las que han cerrado por el riesgo sanitario del coronavirus o a las que pierdan menos del 75% de facturación. Para esas, sostiene Fedepesca, «el apoyo es nada». Según dice, pueden solicitar el aplazamiento de la cuota de autónomos tres meses «para conseguir una liquidez de en torno a 1.000 euros, irrisorio».
En la tercera semana de confinamiento por el COVID-19, unas 10.000 pescaderías tradicionales «han perdido de golpe toda la facturación a la hostelería, que supone un 20% del total, y están financiando a este sector, porque no saben cuándo van a cobrar lo abastecido previamente». También «han perdido la venta de las tardes, al haber acortado el horario comercial para conciliar el servicio a los ciudadanos con la protección personal». Aun así, se reivindican como «las que están manteniendo el consumo de pescado fresco, que en otros formatos comerciales ha bajado en beneficio de otras categorías».
Si no los hubiesen conseguido por sus propios medios, las 10.000 pescaderías tradicionales de España seguirían sin mascarillas ni guantes para protegerse de contagios, a pesar de que Fedepesca dice haberlos solicitado a las autoridades desde el inicio del estado de alarma. Según sus datos, «el 1,6% de colectivo está afectado» por el coronavirus, pese a que, según las informaciones que maneja, las bajas médicas «no siempre se tramitan por COVID-19, apareciendo en ocasiones como enfermedad común».
Fedepesca carga contra el Estado por su «propaganda». Considera sus medidas «insuficientes, además de difíciles de gestionar ante las caídas continuas de las páginas webs oficiales del SEPE y la del Registro electrónico del gobierno (RedSara) cuando hay que aportar los datos necesarios para la solicitud de las prestaciones por desempleo y cuyo plazo de aportación vence hoy».
Para Fedepesca, las normas del Gobierno siembran «incertidumbre, creando inseguridad jurídica». También protesta por la «dificultad para tramitar con la administración pública las gestiones de su día a día, el no aplazamiento del calendario de impuestos y la dispersión informativa». A todo eso añade que sus asociaciones «están asumiendo funciones del personal del Servicio Público de Empleo, al tener que gestionar el cálculo de la base de cotización de los últimos 180 días, y otros datos, derivando la carga de trabajo de los trabajadores públicos hacia los trabajadores de las asociaciones, asesorías y despachos que no se pueden permitir el lujo de teletrabajar si quieren presentar la documentación en el plazo establecido por el Gobierno».