Improvisaciones, dimisiones, virajes. En estos primeros cien días de la Administración de Donald Trump ha habido un poco de todo. Y pese a ese punto de autocontención que suele llevar consigo el ejercicio del poder, quienes esperaban anomalías y rarezas en la nueva política norteamericana no se habrán visto defraudados. En materia económica, junto al grave pinchazo de su propuesta de contrarreforma sanitaria -sobre cuyo diseño hablar de ineptitud es poco-, el activismo del nuevo Gobierno ha sido bastante marcado, aunque no en todos los frentes las medidas acordes con sus promesas electorales hayan avanzado con la misma intensidad.
Como se sabe, la política económica prometida por Trump en su campaña descansaba en tres ideas fundamentales. La más conocida es el «América primero», consigna tras la que asoma una poco disimulada amenaza de proteccionismo unilateral. Pues bien, en este ámbito el equipo de Trump ha actuado con bastante moderación: los países señalados con el dedo como causantes de los problemas productivos y laborales, así como del déficit comercial norteamericano -sobre todo México y China- no han experimentado de momento la agresión en forma de muros o relocalización de inversiones por la fuerza que hace cuatro meses cabía temer. Eso sí, es muy revelador que la delegación estadounidense se esforzara por retirar -y finalmente lo consiguiera- la expresión «lucha contra el proteccionismo» del comunicado final de la reunión anual del Fondo Monetario. Es difícil no concluir que algunas medidas en esa dirección están ya preparadas.
El segundo eje de la política económica de Trump es la desregulación financiera. Una barbaridad a ojos de casi todos los observadores -incluidos muchos de los más ortodoxos, como el Banco Internacional de Pagos-, cuando apenas ha transcurrido un década del gran colapso provocado por ese tipo de propuestas. Y aquí sí se han registrado ya algunas novedades, como la iniciativa para acabar con la Ley Dodd-Frank, que el Gobierno de Obama puso sabiamente en marcha en el 2010 con los fines de separar banca comercial y de inversión, evitar el «demasiado grande para caer» y proteger a los consumidores. Veremos cómo avanza en los próximos meses su proceso legislativo, pero todo eso podría tener los días contados.
El tercer frente es el que más recuerda al viejo reaganismo: la reducción de impuestos a toda costa, que afectaría sobre todo a los sectores más ricos de la sociedad. Estos últimos días, esa idea se ha sustanciado en un plan de importantes rebajas fiscales a las empresas (una reducción del impuesto de sociedades al 15 %, desde el 35 actual, o sea, unos dos billones de dólares en diez años). Una medida que no puede sino reforzar las tendencias cada vez más marcadas hacia la desigualdad y el capitalismo patrimonial que son propias de aquel país. Y que, por otro lado, explica en gran medida el a primera vista desconcertante entusiasmo con el que Wall Street recibió la elección de Trump.
No se olvide, además, que esa rebaja en algún momento se encontrará frente a la puesta en marcha de un gigantesco plan de inversiones en infraestructuras -esto sí, mucho más acertado- que Trump ha prometido que alcanzará el billón de dólares. ¿El resultado previsible? En un país cuyas cuentas públicas ya presentan un importante descuadre, es fácil de imaginar. Algunos cálculos apuntan a que, de consumarse estos planes, la deuda pública norteamericana pasaría de su actual nivel de un 105 % del PIB a un entorno del 145 % en diez años. O sea, cien días que si apuntan a algo es a una mayor inestabilidad en la primera economía del mundo.