Mancomunidades de concellos como prestadoras de servicios
MERCADOS
Hay un alto grado de heterogeneidad en las agrupaciones de municipios en Galicia. Y las fórmulas habilitadas para solucionar problemas derivados de la fragmentación local no han dado los frutos esperados
30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Las mancomunidades de municipios son entidades locales creadas para prestar bienes y servicios locales de forma conjunta. Su nacimiento responde a la existencia de muchos municipios de pequeño tamaño poblacional, con importantes problemas para garantizar la dotación de servicios, incluso los que deben prestarse de forma obligatoria. Una rémora que llevo señalando desde hace más de dos décadas.
En España las mancomunidades de municipios han tenido una significativa implantación, debido a la flexibilidad recogida en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y por su mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los municipios, que precisan contemplar una amplia casuística. No obstante, no siempre la creación y el posterior desarrollo de una mancomunidad de municipios es algo sencillo, al igual que su gestión.
Frente a otras alternativas de agrupación local más exigente —por ejemplo, fusiones de municipios—para la creación de una mancomunidad no es preciso que los municipios estén en una misma provincia, ni que exista una continuidad física. A diferencia de la creación de comarcas, las mancomunidades de municipios no precisan de desarrollos normativos previos ni Administraciones Públicas de nivel superior que diseñen este proceso.
En consecuencia, la creación de mancomunidades de municipios presenta un elevado grado de flexibilidad que no tienen otras fórmulas de prestación conjunta de servicios. Respecto al modelo de países del norte de Europa que optó casi mayoritariamente por fusionar municipios, el desarrollo de las mancomunidades está focalizado en los países del sur, entre ellos España. En ellos, se apuesta por el mantenimiento de municipios —aunque tengan poca población— articulando fórmulas asociativas de carácter voluntario para prestar cierto tipo de servicios o dotación de infraestructuras.
Con todo, la creación y el posterior desarrollo de estas entidades no es tarea sencilla y en no pocos casos pueden tener un papel más nominal que real. Además, no siempre cumplen con su obligación de presentar sus cuentas, lo que no garantiza los niveles de transparencia deseados, especialmente cuando una parte importante de sus ingresos proceden de otras Administraciones Públicas.
Se pueden señalar tres etapas en lo que respecta a la creación y desarrollo de las mancomunidades en España. Una primera, cuando sus actividades se focalizaban en un número reducido de competencias, las más habituales, la recogida y en el tratamiento de residuos sólidos y el servicio de prevención y extinción de incendios. Una segunda, donde se manifiesta una importante expansión de los servicios prestados, más allá de las prestaciones «tradicionales». Este sería el caso de la gestión y protección del medio ambiente o el desarrollo económico local, servicios que asumen los municipios con elevada población, pero que no resulta necesario prestar en todos los municipios. Finalmente, una tercera fase, a partir de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administraciones Locales. En esta etapa, donde tras el bum en la prestación de servicios y/o realización de infraestructuras por parte de los municipios —aprovechando la bonanza económica y el aumento de los ingresos tributarios— se ha pasado a una situación de contención y racionalización en el funcionamiento de las mancomunidades, para que únicamente presten los servicios que la LBR exige a los ayuntamientos en base a su dimensión poblacional.
Elevada heterogeneidad
A nivel provincial se constata un elevado grado de heterogeneidad en la composición de las mancomunidades en Galicia, lo que responde al diferente tamaño poblacional de los ayuntamientos que las conforman. En aquellas provincias donde los municipios tienen menos habitantes —Ourense y Lugo— las mancomunidades están conformadas, sobre todo, por municipios de hasta 5.000 habitantes. En base al número de habitantes provinciales, la afectación también resulta muy dispar. En Lugo solo recoge a un tercio de la población, en Ourense a la mitad y en A Coruña y Pontevedra cerca del 90 %.
En Galicia las funciones de las mancomunidades municipales son muy variadas y dispares. Si bien, lo más frecuente es la gestión de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el fomento del turismo, la prevención y extinción de incendios y las actividades culturales, en no pocas ocasiones también se encargan del fomento de actividades económicas. Además, el grado de participación por municipios resulta muy diferente por provincias. En Pontevedra, 4 de cada 5 municipios forman parte de al menos una. En las provincias de Ourense y A Coruña, son 3 de cada 5; y en Lugo, algo menos de la mitad. Además, no resulta habitual que los municipios gallegos opten por integrarse en más de una mancomunidad, aunque estas entidades suelen configurarse como prestadoras de «multiservicios».
Mejorar la transparencia
Y aunque las mancomunidades suelen prestar una amplia cartera de obras y servicios, no siempre se puede evaluar correctamente las prestaciones de servicios recibidos, en buena medida por la ausencia de información para realizar su medición. Resulta necesario mejorar los niveles de transparencia económica y de exigencia de mayores dosis de responsabilidad en su funcionamiento. Lo anterior cobra mucha más relevancia a tenor de las importantes subvenciones y ayudas que les concede la Xunta de Galicia a estas entidades. No son pocos los ejercicios económicos en los que solo el 50 % de las mancomunidades en Galicia han remitido al Consello de Contas en Galicia —máximo órgano fiscalizador de nuestra comunidad— sus cuentas en plazo. Esto es, sin duda, un aviso para navegantes.
A tenor de lo expuesto, se puede concluir que, en Galicia, las diversas fórmulas institucionales previstas para solucionar los problemas derivados de la excesiva fragmentación municipal que pueden condicionar la prestación de servicios —incluyendo las mancomunidades— no han dado los frutos esperados. Precisamente por ello, es preciso una buena diagnosis de la situación, ahondar en su origen y los motivos de por qué las soluciones para superar esta realidad no se han producido.
También se debe tener muy presente que no hay soluciones mágicas que supongan un cambio radical ni inmediato en la planta local para asegurar las competencias, ya que la realidad municipal en Galicia es muy diversa.
Una parte muy importante de la solución solo pueden venir desde la Xunta de Galicia, ya que son las comunidades autónomas las que aportan la mayor parte de los recursos financieros de los ayuntamientos gallegos y le corresponde las competencias sobre el espacio supramunicipal y sobre el territorio municipal. Solo con la participación —activa y decidida— de la Xunta habrá cambios en el tamaño de la planta local.
Finalmente, es preciso señalar que la decisión sobre la reorganización de la planta local para garantizar los servicios municipales no puede pivotar únicamente en alcanzar un número mínimo de habitantes, sino que debe tener en cuenta la necesidad de considerar otros indicadores como la dispersión poblacional, el número de parroquias y entidades singulares, la concentración de núcleos rurales, la situación geográfica y una completa batería de indicadores económico-financieros, como el endeudamiento local. Solo actuando de esta forma se garantizará racionalidad a la planta municipal en Galicia.