HACE ya más de dos décadas visité en compañía de un colega al alcalde de Ribeira para denunciar la extracción ilegal de arena en las dunas del área de Corrubedo. Recuerdo que, tras una breve entrevista, el regidor municipal nos despachó educadamente, con el poderoso argumento de que nada podía hacer al respecto porque «le habían elegido para ocuparse de las personas y no de los pájaros». Nunca entendí totalmente lo que nos quiso decir, pero inevitablemente recordé la frase cuando recientemente asistí a la reunión de la junta rectora del hoy Parque Natural en representación de la Universidad de Santiago. No creo equivocarme al decir que ni los vecinos ni las distintas administraciones discuten en la actualidad lo acertado de la protección de este extraordinario paraje. A la vista de lo anterior, parecería razonable pensar que la sensibilidad respecto a la conservación del patrimonio natural ha cambiado, pero basta la reacción de algunos sectores a las limitaciones a construir en la franja litoral para ver que sólo lo han hecho superficialmente. Con rapidez han saltado algunos alcaldes y promotores diciendo que está bien lo de los espacios protegidos, pero que sólo falta que ahora les digan lo que pueden o no hacer fuera de ellos. Y de nuevo los argumentos, aunque parezcan serios, no son más avanzados que los del alcalde antes citado: la contribución del sector inmobiliario al producto interior bruto y la dinamización de las economías locales. Vayamos por partes. Salvo que se tomen la palabra «bruto» en su sentido más común, a nadie se le escapa que hay actividades que pueden contribuir sustancialmente al PIB y que, por acuerdo social, hemos decidido que son ilegales; no creo necesario citar ejemplos para no herir la sensibilidad de los lectores. El segundo argumento resulta enternecedor. Alguien tiene que explicarnos por qué la construcción de viviendas que permanecen vacías once meses al año, en muchos casos mediante repetidas subcontratas en condiciones precarias, supone una dinamización deseable. Pero es que además, y esto es lo más grave, les parece irrelevante que sean inasequibles para la población que se pretende dinamizar y que, mediante una figura diabólica de expropiación, se despoje de sus terrenos o viviendas a personas que ya han decidido vivir tranquilamente en esas zonas y que, por cierto, han pagado sus impuestos durante décadas. Así las cosas, creo que tendrán que pasar otras dos décadas para que algunas personas acepten la prioridad del valor de la conservación sobre el de sus intereses particulares. Entretanto, debemos abordar al menos dos cuestiones. La primera, sin duda más relevante, es modificar sustancialmente el marco regulador de estas actividades, en especial en lo referido a las distancias a la costa, capacidad expropiatoria, planes parciales, etcétera; la segunda, es tratar de desenmascarar a aquéllos que bajo la apariencia de personas ocultan su verdadera condición de «pájaros», carroñeros, en este caso.