Avanzados los setenta del siglo XX, la pesca industrial gallega se movía en tres ejes: las doscientas millas, las empresas mixtas versus el pabellón español, y en la industria conservera o alimentaria la pérdida de los mercados protegidos. La acuicultura se lamía las heridas del dumping que aceleró la destrucción de Somega (Sociedad Mejillonera de Galicia), y la pesca de fresco, sea Grand Sole o Marruecos, en tensión por los sucesivos recortes de licencias o la extensión a las setenta millas marroquíes, Sáhara incluido. Las prevenciones ante la entrada en la entonces Comunidad Europea se agitaban entre aranceles y sociedades mixtas, otra forma de entender los aranceles o su exención.
De acuerdo al reciente estudio del Instituto Galego de Estatística sobre el sector de la pesca, incluida la industria procesadora, la pesca en aguas internacionales no comunitarias aporta el 44 % de la facturación de la pesca extractiva y el 15 % del empleo, con una muy escasa reducción del número de buques (7). La acuicultura, mejillón y rodaballo aporta aproximadamente el 20 % de la facturación del subsector pesca extractiva y acuicultura, y un empleo de 5.400 personas. La industria transformadora aporta el 0,9 % del PIB, con unos 10.000 empleos directos y un valor añadido de unos 476 millones de euros, frente a los 580 de la pesca extractiva y los 135 de la acuicultura. Sirvan estas cifras para enmarcar la realidad del sector pesquero gallego, para poder contextualizar la controversia de la que se hacía eco La Voz de Galicia ante el libre mercado y los aranceles a las importaciones de túnidos.
Porque lo del libre comercio, elemento equilibrador para terceros y cuartos mundos, es uno de los debates que sin haber aflorado en toda su crudeza más han condicionado estrategias empresariales y productivas en la industria del mar. La internacionalización de nuestros sectores productivos presentaba en su envés la liberalización de los mercados y sus barreras arancelarias, sanitarias y ecologistas. Y en estos intereses siempre ha estado la fuerza y la inteligencia de los lobbies.
Ahora el problema se plantea porque mientras la industria alimentaria pretende que el contingente de atún libre de aranceles se incremente un 50 %, la flota pesquera española internacional que los pesca y comercializa se opone. Pero hace solo un instante era la patronal conservera quien se oponía -y lo conseguía- a la entrada de conserva tailandesa, un ejemplo, por los requisitos sanitarios o por practicar pesca ilegal. Y sin embargo, hace también solo un instante, esta misma industria transformadora movía Bruselas con Santiago para evitar el etiquetado de origen para el mejillón en conserva, en salvaguarda a los intereses de las empresas gallegas internacionalizadas con fuerte presencia en la producción y transformación de mejillón chileno.
Por eso sorprende que el Parlamento gallego tenga debates de blanco y negro y escaso alcance, raquítico reflejo de intereses tan legítimos como interesados que cuando hablan de libre comercio responderán siempre depende.