Cumplir o no cumplir

Manel Antelo
Manel Antelo A DEBATE

OPINIÓN

03 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia cerró el año 2015 con un déficit público en sus cuentas del 0,67 % del PIB y ha sido una de las tres comunidades, junto con Canarias y el País Vasco, que ha logrado cumplir el objetivo de déficit. Todas las demás rebasaron el tope, fijado en el 0,7 % del PIB, y han colaborado a situar la media de todas las comunidades en el 1,66 %. De este comportamiento diferenciado cabe extraer algunas conclusiones. En primer lugar, podría suceder que Hacienda -con las miras puestas en fomentar una imagen de gestión autonómica manifiestamente mejorable- estuviese fijando objetivos de déficit que sabe de antemano que no se cumplirán.

En segundo lugar, llama la atención que las comunidades cumplidoras estén sujetas a sistemas de financiación distintos. El País Vasco dispone de un grado de autonomía tributario mucho mayor y un nivel de recursos más elevado que las comunidades que, como Galicia, están sometidas al régimen común. Por lo tanto, el esfuerzo exigido a la ciudadanía gallega, en términos de contracción del gasto, ha tenido que ser necesariamente mayor. Sin negar que reducir el déficit puede tener efectos beneficiosos en forma de, por ejemplo, ahorro en el pago de intereses de la deuda, lo relevante es el tratamiento por parte de Hacienda de las comunidades incumplidoras con respecto a las cumplidoras. Hasta el momento, el efecto de incumplir el déficit se ha limitado a presentar un plan económico-financiero en el que la comunidad establecía medidas para reconducir la situación, pero todo quedaba en papel mojado y se volvía a incumplir el déficit, lo que llevaba a la elaboración de otro plan y así sucesivamente. Por ejemplo, entre el 2003 y el 2014 Cataluña y la Comunidad Valenciana han incumplido nueve veces el objetivo de déficit, Cantabria ocho y Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia siete, lo cual muestra que la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido más bien laxa.

Por último, y dado que la mayoría de las comunidades han incumplido el objetivo de déficit en el 2015, es probable que cada vez surjan más voces solicitando renegociar con Bruselas la suavización de la senda de consolidación fiscal. Aunque también podría suceder que, debido a la elevada deuda pública, que ronda el 100 % del PIB, y a las dudas de que España reduzca el déficit estructural (aquel que se calcula sin tener en cuenta el ciclo económico), la Comisión Europea exigiese que la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aplique con rigor. Y si, llegado el caso, Hacienda no trata diferenciadamente a las comunidades cumplidoras, se habrá producido algo parecido a la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan?