Enfrascados como estamos en otras cosas, pasamos por alto acontecimientos que están ocurriendo y que cambiarán de forma significativa nuestro mundo y el de nuestros descendientes. Uno de estos asuntos relevantes y al que deberíamos prestar especial atención es el tratado de libre comercio que, desde julio de 2013, se está fraguando entre EE.UU. y la UE, y que tiene todos los visos de que estará cerrado antes de que finalice el mandato del presidente Obama, uno de sus principales impulsores. El propósito oficial del acuerdo -conocido como TTIP por sus siglas en inglés- es crear un auténtico mercado trasatlántico de más de 800 millones de consumidores para generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento, gracias a un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad de normativas y reglamentos. Y ello porque la eliminación de aranceles que conllevará el TTIP aumentará el PIB entre el 1 y el 3%, alegan sus defensores. Sin embargo, las cosas podrían no ser exactamente así si tenemos en cuenta los efectos secundarios.
En primer lugar, la mayoría de los asuntos que pasarán por el tamiz del acuerdo no tienen que ver con la eliminación de aranceles -de facto, los aranceles ya son muy bajos en la mayoría de los sectores y productos-, sino con la eliminación de las barreras reguladoras o no arancelarias. En román paladino, con la armonización de normas y la mayor compatibilidad regulatoria y de certificaciones entre los dos socios de forma que se asegure que los productos producidos en un lado del Atlántico puedan viajar al otro sin mayores trabas y sin necesidad de requisitos adicionales especiales.
En segundo lugar, el principio de precaución -consagrado en el Tratado de la UE- podría tener los días contados y ser sustituido por un enfoque «basado en el riesgo», al que las empresas e instituciones americanas están más apegadas, y que tiene como objetivo gestionar las sustancias y entornos peligrosos en lugar de evitarlos.
En tercer lugar, se abre la puerta a un mayor poder de las grandes corporaciones y los lobbies empresariales privados en detrimento de la sociedad civil. Por ejemplo, cualquier disputa entre corporaciones y gobiernos tendría que dirimirse en una Corte internacional que se pretende ubicar en Washington. Este tribunal podría otorgar a las empresas derechos legales para demandar a los Estados cuando consideren que las decisiones adoptadas por dichos Estados en aras del interés público tienen efectos negativos sobre sus beneficios reales o potenciales.
Finalmente, si la convergencia regulatoria se hace a la baja, el TTIP podría debilitar de forma apreciable los niveles de protección y seguridad más exigentes respecto a las personas y el planeta. En particular, la apertura de mercados y la convergencia normativa que inspiran el TTIP podrían impactar negativamente en ámbitos tan sensibles como los derechos laborales, la seguridad alimentaria o el respeto al medio ambiente. Sin ir más lejos, podrían presionar a la baja los derechos laborales, modificar las reglas sobre hormonas en la carne o los transgénicos, permitir el uso de la irradiación para conservar alimentos, profundizar en la desregulación y la privatización de servicios públicos o dar vía libre a la utilización de una amplia gama de pesticidas que hoy están prohibidos en la UE.
En resumen, la puesta en práctica de la filosofía de «todo con tal de evitar duplicar los test que ahora hay que realizar» puede llevarnos a un mundo en absoluto mejor que el que tenemos ahora. Ojalá me equivoque.