En más de tres décadas de ejercicio del derecho jamás he sabido de un fiscal cuya honestidad no roce la excelencia. Pero estos representantes del ministerio público, sobre todo uno que ostenta el cargo de fiscal jefe anticorrupción, deben ser como la mujer del César. Aparte de serlo, deben parecerlo. No digo que sea ilegal que Manuel Moix sea copropietario del 25 % de una compañía patrimonial desde el 2012 en Panamá, pero debido al cargo que ostenta como que no queda bonito, por lo cual debiera dimitir, o en caso de no hacerlo, ser cesado fulminantemente. En un país en el que raro es el día que no nos despertamos con la noticia de un nuevo caso de corrupción, no es de recibo que el fiscal jefe encargado de luchar contra la misma esté cuestionado en cuanto a su comportamiento patrimonial. De no ser sustituido de inmediato, es fácil suponer que la ciudadanía comenzará a perder la fe en la Justicia, y eso España no se lo puede permitir. Como tantos otros asuntos, es una cuestión de ética y de estética, y solo podrá resolverse con un cambio de destino del fiscal Moix. Ninguna duda albergo respecto a que esa sociedad, heredada de sus padres, no fue disuelta en su día por motivos estrictamente familiares, pero eso ahora poco importa. Su cargo lleva aparejado que la transparencia sobre su patrimonio sea absoluta. Las tres asociaciones de fiscales son de la opinión de que Moix debe dar explicaciones. No solo urgentes, sino, y fundamentalmente, convincentes. Difícil lo tiene.