Los incendios en Galicia forman parte de la vida, y con ella uno ha recorrido en sus diferentes etapas, diferentes causas a las que atribuir la aparición de los fuegos. Cuando en Galicia aún había población en el rural, en las épocas del patrimonio forestal del Estado, y la tierra estaba trabajada, los incendios eran cosa de todos. Avanzados los años setenta, hubo noticias de los primeros artefactos incendiarios. Consolidada la autonomía, ya en 1989, los incendios se convirtieron en arma política. Como el bipartito del 2006, aquel tripartito fue acusado de incapacidad para resolver el fuego. Después, con criterios tecnocráticos, se desarrolló una industria del fuego. Con ella vivimos. Llenos de luces y sombras en los resultados, pero más relacionados estos con la climatología -propicia o desfavorable al fuego- que con la inversión anual en la lucha contra incendios.
La desolación y el asombro que nos provoca lo sucedido en Portugal nos sobrecoge, por ellos y también por nosotros. Porque sabemos que, aún con una industria del fuego más desarrollada, no estamos libres, en las previsibles condiciones climatológicas que vendrán, de sufrir otras olas de incendios. Quizá no tan dramáticos, sin tantos muertos, pero igual de desoladoras. Es como mantener un monte ignorado, en el que la política forestal y la ordenación rural no se discuten, ni la que dicen que hay, ni la ventureira que invade el territorio con desorden y contribuye al dolor y al desconcierto cuando surge la tragedia.
No parece posible ignorar que, en tantos años de confrontación política alrededor del monte y el fuego, los silencios han ganado a los acuerdos, y escasas son las respuestas a los interrogantes que se repiten cuando surgen los incendios.
Todo aquí en Galicia tan similar a lo que ahora ha emergido en Portugal: la paralización del plan forestal contra incendios, la también paralizada ley de reforestación, el catastro de bosques aún por tramitar, lo que lleva a que se desconozca la propiedad de casi la mitad de las parcelas. En Portugal no faltan leyes, pero las que hay no se cumplen. Y así uno se encuentra con las declaraciones del director xeral de Ordenación e Produción Forestal de Galicia, en las que afirma que «si se cumple la ley sería difícil ver en Galicia un caso como el de Portugal», para apostillar luego que ese cumplimiento es «anecdótico». Lo que sin duda es un buen diagnóstico.
Por ello uno se pregunta por qué con los medios tecnológicos adecuados -como los que utiliza Hacienda para detectar hórreos, galpones o piscinas no declarados- no se desarrollan actuaciones que resuelvan todo lo que impide la gestión de un territorio cada vez más despoblado y de unas masas forestales tantas veces dejadas al azar, de que se active -por descuido o aposta- la trama incendiaria. O de que actúe una lluvia que la paralice. Llamémosle, un decir, Monte o Territorio 4.0. Por resolver, más allá del operativo antiincendios propio o del socorro de la Unidad Militar de Emergencias.