La Autoridad Fiscal prevé que las pensiones españolas subirán un 0,25 % anual hasta el 2022. El FMI no solo lo augura: lo recomienda para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto significa que los pensionistas perderán en el sexenio de marras más de la décima parte de su actual poder adquisitivo. Si son previsores, ya pueden ir aligerando su cesta de la compra y dejar en la estantería del supermercado los productos más prescindibles.
Les ayudaré en el cálculo a los pensionistas gallegos, los más austeros después de los extremeños. Un pensionista gallego medio cobra actualmente unos 780 euros al mes y en el 2022, tras los sucesivos incrementos de dos euros en cada una de sus catorce pagas, percibirá 792 euros. Pero todos esos productos y servicios que adquiere hoy por 780 euros -el alquiler, el recibo de la luz, los garbanzos, el copago de las pastillas, el billete del autobús...- le costarán entonces, suponiendo una módica tasa de inflación del 2 % anual, 878 euros. Su pensión habrá crecido doce euros -un 1,5 %- y la cesta de la compra mensual se habrá encarecido en casi cien -un 12,6 %-: si no ha muerto, su consumo habrá mermado un 11 %.
Todo en aras de la sostenibilidad. ¿Están ustedes seguros? Porque a mí las cuentas no me salen. En el mismo evangelio del FMI que predica la austeridad del pensionista, se entonan alabanzas al crecimiento español. Las rentas de los españoles crecerán este año sobre un 3 %, pero la renta de los pensionistas solo un 0,25 %. Como estos también son españoles, tiene que haber otros cuyas rentas rebasen ampliamente el 3 %. Lo que suscita la pregunta clave que nadie parece interesado en responder: ¿Qué parte de la renta -qué porcentaje del PIB- estamos dispuestos a destinar a la financiación del sistema?
Pero esto no es todo. Cuando el FMI propugna la suscripción de planes de pensiones privados -«ahorro complementario», le llama-, me echo a temblar. La música tiene un sonsonete fúnebre que echa patrás: parece un ensayo de la orquesta para el entierro del sistema público de pensiones. Con un estribillo bien conocido: suscriba usted un plan privado, ya que la pensión pública será cada vez más escuálida. Y digo yo: si hay dinero para ese «ahorro complementario», ¿por qué no lo hay para el «ahorro público»? Dinero haberlo haylo, pero no precisamente en el bolsillo del joven submileurista, del trabajador en precario o de la familia que a duras penas llega a fin de mes.
Entre un sistema público de pensiones y los planes privados hay dos diferencias esenciales. El primero tiene la garantía del Estado -respondemos los contribuyentes- y cumple también una función redistributiva. Por eso existen pensiones mínimas, cuyos beneficiarios reciben más de lo que aportaron, y pensiones máximas, cuyo importe es inferior a la contribución realizada durante la vida laboral. Y sospecho que es precisamente ese carácter redistributivo el que irrita a los liberales de nuevo cuño. Les gustaría eliminarlo y que cada palo aguante su vela. El que puede, puede, y el que no, que se muera en la indigencia.