En estas Administraciones públicas gestionadas por un Gobierno que las estructura y desprofesionaliza, siempre hay razones para el sobresalto a posteriori. El problema estriba en que el legislativo legisla a veces con irreflexión e intereses que no protegen al común.
El pasado 27 de julio se aprobó en el Congreso la Ley de Contratos del Sector Público con un esperanzador e inusitado consenso, lo que evidencia que se ha abordado con seriedad uno de los más serios problemas en la Administración del Estado y en los servicios públicos. Si esta ley ahora aprobada estuviera en vigor cuando Aena convocó sus concursos para el mantenimiento de servicios externalizados, quizá no habríamos vivido este culebrón del Prat. Quizá tampoco hubiera pasado lo que pasó con las plataformas electrónicas de la Administración de Justicia, el famoso LexNet, ni siquiera el abuso de las autopistas radiales madrileñas, el monstruo Castor de almacén de gas o las perversas cláusulas en las concesiones de autopistas, donde las mejoras se pagan por los usuarios. Por no hablar de otros contratos de suministros o equipamiento en el mundo sanitario.
La externalización de servicios tanto públicos como privados es práctica acreditada, solo que debe primar la calidad del servicio, sea este comida escolar, suministro de agua o seguridad aeroportuaria. La realidad es que se ha primado el factor precio, siempre corregido con el reformado o modificado, como justificación de la adjudicación, y quizá otras razones subyacentes.
Por eso sorprende que Aena, cuando adjudicó a la baja un servicio en el Prat, no haya analizado los costes en los que incurría la nueva adjudicataria en la calidad del servicio, pues, dado que este depende de los trabajadores que lo desarrollan, una alteración a la baja de las condiciones laborales y salarios inevitablemente provocaría deterioro y luego conflicto. Como inevitablemente sucedió con los controles de seguridad y se anuncia con otros servicios aeroportuarios. Independientemente del sentido de oportunidad de los trabajadores para generar el conflicto cuando más daño causan a los ciudadanos y por tanto a la empresa.
El comportamiento de los directivos de Aena es naíf. Sus errores estratégicos en la gestión aboca a un conflicto en un servicio público monopolístico, pero aun así pasan días en el infantil juego de negar su responsabilidad y transferirla a una empresa adjudicataria suya que incumple la prestación del servicio. Hasta que todo ello estalla en un contexto político y en un aeropuerto de tal importancia que unos pretenden resolverlo con el mantra de la independencia y otros con el del patriotismo. Cuando la realidad es una espantosa mala gestión que genera ventanas de oportunidad para un deterioro que una Administración eficaz y profesionalizada debería evitar. En paralelo está la política de privatizaciones de las empresas públicas, de la que un sugestivo análisis se puede encontrar en los trabajos de los catedráticos Antón Costas y Germà Bel de hace años.