Cíes o los negocios perversos

Uxio Labarta
Uxío Labarta CODEX FLORIAE

OPINIÓN

17 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando en al año 2002 el Congreso de los Diputados aprueba la creación del Parque Nacional Illas Atlánticas, antes parque natural, lo hace con el objetivo de proteger un ecosistema singular. Y para ello se crea una estructura de gestión que lleva aparejada una gran inversión pública. En el 2008 la gestión del parque es traspasada a la Xunta de Galicia, que incorpora al patrimonio público la isla de Sálvora, y luego la de Cortegada. 

No fue fácil, como nunca es fácil en Galicia con la protección de lo público, la creación del parque. Reivindicaciones de propiedad, de acceso, de explotación de los recursos, dieron lugar a innumerables negociaciones, litigios y expropiaciones. Con todo y una acción decidida de los Gobiernos gallegos logró completarse el parque y su estructura de gestión. Se concedieron autorizaciones y concesiones para cámpings de gestión privada y transporte a las islas que facilitaran su disfrute, pero todo ello ha llevado a perversiones indeseables para los objetivos del parque. Entre ellas, haber entrado en el mundo de los récords: la mejor playa del mundo y patrimonio de la humanidad, reclamo turístico por antonomasia, con los incomprensibles rifirrafes entre Xunta y la autoridad viguesa.

Los esfuerzos de la autoridad del parque para conservar el patrimonio natural se dificultan por la concentración de visitas en un corto período del año. En el 2015 cuatrocientas mil personas se estima oficialmente que accedieron al parque, principalmente a las Cíes.

No me imagino que para acceder al Parque Natural das Illas Atlánticas necesitemos una naviera pública. Tampoco que se necesite un operativo policial para controlar los accesos. Parece razonable que las autorizaciones para acceder, de acuerdo a las normas y a los cupos, a las islas atlánticas se concedan a empresas privadas. Lo irracional e intolerable es que estas conviertan la autorización reglamentada en un negocio perverso. La denuncia presentada hace unos días, y no eran las primeras, por los guardas del parque contra cuatro navieras dan la dimensión de la perversidad del negocio.

Los días 3 y 5 de agosto esas navieras excedieron la venta de billetes en un cien por ciento de lo autorizado. Es decir, de dos mil doscientos visitantes autorizados, las navieras transportaron cada uno de esos días al menos otros dos mil. En euros, esos cuatro mil visitantes de más, en solo dos días de agosto, supusieron un negocio de 74.000 euros extras e ilegales. La multa máxima alcanzaría los 12.000. A las navieras, incumplir la norma les compensa, y más si ese exceso no se declara a Hacienda, o el régimen fiscal tiene privilegios muy diferentes a los de los asalariados y su IRPF. Por ello no cabe por parte de la Xunta otra respuesta a la infracción denunciada por las autoridades que una sanción proporcionada a la perversión del negocio, y una investigación a fondo de su alcance y persistencia. Porque en el fraude quien hace un cesto hace un ciento. Y eso sí es turismofobia, o autoodio, tan socorridos.