«Hay 13 muertos, de los que hemos identificado ya a siete personas: una mujer italiana, una mujer portuguesa, una mujer con doble nacionalidad española y argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española». Como sabe ya en España todo el mundo, así describió el viernes Joaquim Form, consejero de Interior de la Generalitat, a parte de las víctimas de los atentados yihadistas que la noche anterior habían tenido lugar en Barcelona y en Cambrils. No lo hizo en una reunión privada con compañeros de partido o de gobierno, sino en una entrevista en la televisión autonómica y en su condición de consejero responsable de la seguridad en Cataluña.
Como era de esperar, sus palabras provocaron de inmediato un aluvión de críticas sociales y políticas por tres motivos evidentes: porque la intención de Form (un independentista sin fisuras que sustituyó a Jordi Jané, secesionista poco de fiar según la CUP y ERC, que pidieron su cabeza) era obviamente hacer política nacionalista a costa de las víctimas; porque de momento no hay en España más nacionalidad que la española; y, por último aunque no en último lugar, porque Form privaba de su nacionalidad a dos personas que ya no podrían protestar en el supuesto de considerar tal privación un atropello. Hay cosas que no se pueden hacer y Form las hizo, abusando de su poder, con una desvergüenza que supera los límites de las más elemental de las decencias.
Pero, con ser grave todo ello, hay en las palabras de Form algo peligrosísimo en lo que apenas nadie se ha fijado: que al distribuir a las víctimas con DNI entre catalanas y españolas, el consejero estaba incluyendo con toda claridad entre las segundas a Francisco López Rodríguez, un tornero fresador residente en Rubí (Barcelona), nacido hace 57 años en Lanteira (Granada), cuya familia emigró a Cataluña a principios de los años sesenta, buscando, como tantas, mejorar su vida trabajando. Para entendernos: el independentismo catalán, del que Form es un representante tan destacado como para formar parte del gobierno que hoy dirige la sublevación contra nuestro Estado democrático, considera que no son catalanes, sino españoles, los españoles nacidos fuera de Cataluña, aunque lleven viviendo allí, como el pobre Francisco, la mayor parte de su vida.
Tal modo de entender la condición de catalán, que el independentismo por boca de un miembro del gobierno sedicioso ha expresado con una claridad que suele estar oscurecida por oportunistas disimulos, pone de relieve en toda su crudeza lo que le esperaría a los españoles no nacidos en Cataluña, pero vecinos de esa comunidad desde hace más o menos años, en caso de que el delirio secesionista llegara a culminar: ser considerados ciudadanos de segunda, o lo que es lo mismo, para decirlo con la fórmula de Form, españoles no catalanes. Eso es lo que está en la mente de los independentistas cuando, sin darse cuenta, de verdad dicen lo que piensan.