Ante el delicado asunto de Juana Rivas, liberada ayer provisionalmente por el juez, se ha venido librando un juicio mediático entre dos bloques, al más puro estilo de «o estás conmigo o contra mí»: los que simpatizan con Juana (la madre) y los que apoyan a Francesco (el padre).
En los últimos días, familiares y amigos no dejan de hacerme la misma pregunta: ¿quién tiene la razón? Siempre respondo del mismo modo: desconozco los detalles del caso más allá de lo que todos sabemos a través de los medios de comunicación. Sin embargo, me niego a entrar en la polémica de averiguar quién tiene razón; considero que está en juego algo mucho más importante: el interés, el bienestar, y en definitiva, el futuro de dos menores de 3 y 11 años.
Por ello, la cuestión objeto de debate y que ha de ocupar a ciudadanía, instituciones y autoridades políticas y judiciales, es transmitir a la madre y al padre el mensaje de que los menores serán protegidos a toda costa, ya que la obligación de la Justicia es proporcionarles el entorno más seguro y adecuado para ellos.
Todo esto viene a cuento por el hecho de que, en este supuesto, al igual que en otros muchos que suceden sin relevancia mediática, podría aplicarse la frase «la justicia que es lenta no es justicia». Sabemos que cuando no se hace justicia, tarde o temprano, los justiciables se la toman por sí mismos. Según la abogada de Juana Rivas, el Ministerio de Justicia tardó más de un año en remitir a la Justicia italiana la denuncia por malos tratos; de haber sido tramitada y resuelta en su día, habría aportado sin duda importantes datos para resolver ahora el conflicto planteado.
En este punto, y por el futuro de los menores, las autoridades judiciales de ambos países deberían resolver inmediatamente la situación. La negociación y diálogo entre autoridades podría ser la vía adecuada para tramitar con la mayor celeridad los procesos abiertos en ambos países, practicar la ineludible evaluación psicológica de progenitores y menores y adoptar las medidas más beneficiosas que amparen a los hijos. Este extremo es el verdaderamente urgente e importante.
Sin perjuicio de lo anterior existe otra vía que debe ser explorada: la mediación a nivel internacional con las Administraciones implicadas. Y tampoco descartaría la presencia de las partes en dicha mediación, aun cuando nuestro ordenamiento jurídico excluye la mediación en casos de violencia de género.
Desde luego, si un mediador tuviese la oportunidad de encontrarse con Juana y con Francesco en un espacio neutral y confidencial los pondría a pensar a través de diversas preguntas, sin duda, la primera sería si ambos quieren lo mejor para sus hijos. Como estoy convencida de que la respuesta de ambos sería afirmativa a continuación seguiría con preguntas para distanciarlos de sus emociones. Si dan un giro en sus posiciones actuales e identifican su interés común, el bienestar de los menores, no me cabe la menor duda de que ellos mismos comenzarían a buscar la mejor solución en interés de sus hijos.