Ocho de cada diez gallegos creen que la actual legislación deja indefensos a los propietarios frente a los okupas. Y no les falta razón.
La alarma social es importante, y el legislador debe ponerse a trabajar para acabar con este problema. Nuestro derecho positivo da soluciones a los propietarios de viviendas ocupadas (denuncia por delito de usurpación o desahucio por precario), o a vecinos que tienen que soportar los desmadres de estos amigos de vivir bajo techo ajeno (acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal), pero todas ellas escasamente eficaces por lentas, dado el colapso burocrático de nuestros juzgados, y porque prácticamente no llevan aparejada sanción alguna contra los infractores.
¿Cuál es entonces la única solución jurídica que se le ocurre a este columnista por su experiencia como abogado? Que se tipifiquen estas conductas como allanamientos de morada, y se apliquen a esos sujetos las penas recogidas en el artículo 202 del Código Penal. Tampoco es que esta sanción sea excesiva, pero cuando menos no es la ridícula multa, cosa de unos eurillos, que el artículo 245.2 del mismo texto legal permite hoy imponer a los okupas. Otra solución, y esta ya no jurídica, es que determinados grupos políticos de la izquierda radical dejen de dar amparo a este colectivo.
No debemos olvidar que infinidad de las viviendas que están siendo ocupadas han sido adquiridas con los ahorros de jubilados que en su vida no han hecho otra cosa que trabajar.