Convertida desde hace tiempo en una conmemoración secesionista, la Diada de este año tenía, por añadidura, una particularidad que la diferenciaba de todas las demás: ser la primera que se celebra en Cataluña tras la sedición del Gobierno de la Generalitat y la mayoría del Parlamento regional contra el sistema democrático español y la Constitución en que se basa.
De los siete millones y medio de habitantes de Cataluña quinientos mil salieron a la calle antes de ayer para apoyar la rebelión que impulsa desde las instituciones el nacionalismo catalán. En otras palabras, para apoyar que se aprueben en el Parlamento autonómico leyes inconstitucionales, que se vulneren allí hasta límites de escándalo las reglas democráticas y se desprecie a los representantes de los catalanes no secesionistas y que se violen la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, que es su intérprete supremo.
En defensa de esas causas, que eran las de la manifestación de Barcelona, acudió a ella Luís Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia y cabeza de la delegación enviada por la coalición izquierdista para solidarizarse con la rebelión nacionalista. En principio, nada extraño, pues, pese a la confusión cósmica que en política territorial tiene atribuladas a las fuerzas que componen En Marea, todas parecen compartir la existencia de un derecho que ningún texto nacional o internacional le reconoce a las comunidades españolas: el de autodeterminación.
¿En principio? ¿Por qué en principio? Pues por una sencillísima razón: porque Luís Villares no es, por su profesión, cualquier político. Luís Villares es un magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ahora en excedencia por su elección como diputado. Es decir, Luís Villares es un hombre que tiene por profesión la defensa de la ley, que ha aplicado durante años como juez. De ello lleva viviendo desde que, por oposición, accedió a la carrera judicial. Por eso, aun en el caso de que el hoy portavoz parlamentario de En Marea no vuelva a la judicatura nunca más, resulta esperpéntico verlo apoyando la abierta desobediencia a las resoluciones del intérprete supremo de la Constitución, él que durante años ha exigido, porque era su derecho y su deber, que los justiciables cumpliesen las sentencias que dictaba en ejercicio de la función jurisdiccional del Estado de derecho al que ahora ataca y niega legitimidad.
No puedo siquiera imaginarme el imposible papelón en el que Villares va a encontrarse si, tras haber marchado con los que defienden la rebelión contra la ley y los tribunales que la aplican, volviera mañana a encontrarse sentado en el tribunal que dejó para dedicarse a la política. ¿Se imaginan? A mí -y pueden creerme que lo digo apenado por quien fue un servidor público del Estado democrático- me resulta sencillamente inconcebible.