Cicerón y Ulpiano ya sabían, hace veinte siglos, que el derecho penal es la ultima ratio del orden jurídico, y que sus normas procesales y punitivas solo tienen sentido -y no siempre- cuando los demás remedios son insuficientes. Aunque nadie negó este principio, fue el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano (1789) el que hizo explícita dicha doctrina: «La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias...».
Pero esta doctrina de la ultima ratio solo duró hasta que Sáenz de Santamaría se hizo cargo de la cuestión catalana, para cuya solución decidió que el derecho penal -detener, inhabilitar, resarcir, embargar e incluso encarcelar- debía preceder a medidas políticas y administrativas como el artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Por eso tratamos de reponer el orden jurídico violado con un método más propio de los cangrejos que de los gobernantes, en el que la intervención del Estado empieza por la ultima ratio para aplicar más tarde la penúltima. Y este error nos puede llevar al ridículo de inhabilitar al alcalde que obedece antes de deponer a la Generalitat que manda, que es como dejar funcionar la fábrica del opio mientras se castiga a los consumidores.
La pauta de Soraya, abogada del Estado, nace de confundir la esencia de los diagnósticos y de sus remedios, para aplicarlos después al revés de cómo debería hacerse. La vicepresidenta cree, avanzando como los cangrejos, que el caos jurídico que nos afecta, en el que los independentistas se mueven como chulos y temerarios delincuentes, solo es un síntoma de la enfermedad, mientras que una posible intervención de la autonomía, que liberase a los ciudadanos de la duplicidad de poderes que no pueden gestionar, sería un cáncer terminal. Y esta es la razón por la que, después de confundir el remedio con la enfermedad, también confunde la vacuna con la quimio, y, en vez de aplicar la vacuna preventivamente, y dejar la quimioterapia en reserva, aplica primero la quimio -que es el derecho penal-, y deja la vacuna -que son las medidas legales de intervención- para combatir las metástasis.
El error de Soraya consiste en creer que el verdadero riesgo no llegará hasta el momento de la secesión, sin advertir que nada hay más demoledor para España que este magreo indecente de la ley que pone en evidencia la debilidad del Estado y de su defensa de la Constitución, y la anárquica ruptura de todos los consensos políticos. Y el paroxismo de tanto disparate puede producirse cuando, tras aplicar el derecho penal como tratamiento preventivo, se inyecten potentes vacunas -Ley de Seguridad y artículo 155- para intentar, in articulo mortis, una serodia y falsa solución del conflicto. Porque en política no es infrecuente encontrar genios portentosos que no ven un burro a dos pasos.