El 155 no es una hipótesis, es un deber

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño A CONTRACORRIENTE

OPINIÓN

JOSEP LAGO | Afp

19 sep 2017 . Actualizado a las 07:59 h.

«En función de las circunstancias, decidiremos qué posición adoptamos». En esa frase, pronunciada ayer por el portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, cuando se le preguntó si su partido apoyaría o no al Gobierno en caso de que se tuviera que aplicar el artículo 155 de la Constitución para impedir que la Generalitat siga pisoteando las leyes, se resume la tragedia reciente del PSOE. Los socialistas llevan tiempo amoldando su posición y su discurso a las circunstancias. Una forma de proceder que desnuda las carencias de Pedro Sánchez.

Hace solo dos meses, tras la reunión mantenida entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, que actuó como vocera del líder socialista, fue categórica: «Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos», señaló sobre la aplicación del artículo 155. Una afirmación tan rotunda como gratuita, porque ni el Gobierno había planteado entonces esa posibilidad, ni Rajoy y Sánchez habían tratado siquiera esa cuestión. Afirmar de antemano que nunca y en ninguna circunstancia se va a apoyar la aplicación de un artículo que está en la Constitución, al margen de ser un dislate político, es dar alas y garantías de impunidad a quienes se plantean violarla. Porque la principal función de una ley no es castigar el delito, sino disuadir a quien pretende cometerlo.

De ahí que el PSOE, sobrepasado una vez más por las circunstancias, haya tenido que rectificar, en un caso muy parecido a lo que ocurrió cuando Zapatero garantizó que aceptaría cualquier Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. Lo único que dice el artículo 155 es que «si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», el Gobierno, y solo después de que se desatienda un ultimátum previo, podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la ley. Con ese redactado, y a la luz del absoluto desprecio de la Generalitat a la Constitución y de su contumaz desobediencia al Tribunal Constitucional en los últimos días, su aplicación, más que una hipótesis de trabajo, se antoja una obligación para el Gobierno, que debería tener el apoyo nítido del PSOE y de todas las fuerzas democráticas. ¿Qué más debe ocurrir? Si la desobediencia persiste y Rajoy no lo aplica, asumirá una grave responsabilidad, además de un alto riesgo personal.

Porque una cosa debe quedar clara. Si el 1 de octubre las televisiones ofrecen durante horas imágenes de colas de gente votando en los colegios, y por la noche un alto cargo de la Generalitat comparece para dar cuenta de los resultados, sea cual sea el índice de participación, a Mariano Rajoy, que lleva meses prometiendo que no habrá referendo, no le quedará otro remedio que presentar inmediatamente la dimisión. Y, con una Generalitat en abierta rebeldía, a día de hoy no se vislumbra otra posibilidad de impedirlo que aplicando el 155. Sean cuales sean las «circunstancias» para el PSOE.