El giro que han dado los acontecimientos parece haber arrinconado la posibilidad de plantear el debate riguroso y pendiente sobre una reforma constitucional como marco de las aspiraciones de una generación de nacionalistas catalanes que han dejado en la cuneta a históricos como Durán i Lleida o Roca Junyent. Sobre ellos recaerá el desgaste de los nacionalismos periféricos de la España descentralizada y democrática. En esta representación se evidencian trama, tramoya, dirección de escena e interpretación de personajes, calculados para ganar la batalla del mercado político en que se ha convertido una aspiración legítima, pero no legal. Con esta apuesta por la estridencia en detrimento de la argumentación y las razones, alguien ha jugado a los dados con bombas de relojería.
Con un memorable montaje, que llamó Alias Serrallonga, Els Joglars recuperó la historia de una versión autóctona de Robin Hood, bandido gerundense de buena cuna, enemigo público de Felipe IV, que fue castigado con horca y cuchilla por asaltar los carruajes de la Real Hacienda española que transportaban los impuestos de los catalanes. Su recuerdo quedó fijado por la literatura, el cine y el teatro, con sus sombreros rojos y capas negras. Afrancesados contra la Corona española, ya en pleno Renacimiento era evidente una disputa latente que retorna en estos tiempos de cólera y postureo. Pero estamos demasiado lejos del cruce entre los siglos XVI y XVII como para validar la elección de actuar fuera de la ley que ha contaminado la dramaturgia con que sus creadores han envuelto al procés para el que ha elegido, además, el peor momento.
Saldrán muchos ciudadanos a la calle, se ocuparán primeras páginas y se abrirán informativos de aquí y de acullá, pero este episodio de la historia compartida entre Cataluña y el resto de pueblos que convivimos en España, será triste y oscuro porque así se lo han propuesto sus protagonistas. Los malos son siempre los del otro lado, pero todos son cómplices por eludir el debate serio e imprescindible del cómo, cuándo, con qué consecuencias y con qué coste, dónde procurar los recursos y delimitar quiénes serán las víctimas -o los beneficiarios- directos o colaterales de la independencia soñada, pero mal gestionada desde la imprescindible racionalidad política, económica y social.
No puede ser verdad que nadie se pregunte quién y cómo se van a gestionar el AVE, los aeropuertos, las autopistas, los aranceles y aduanas propios de estados con fronteras abiertas, la emisión de una nueva moneda nacional, la gestión de las pensiones o cuestiones vinculadas con la seguridad en situación de alerta antiterrorista como la presente, cuando se están dinamitando los puentes hacia el diálogo y acuerdo con los vecinos. Por ambas partes se ha puesto el acento y la tensión en una cuestión de procedimiento porque permite eludir el debate real sobre lo concreto.
Las urnas tienen que volver a los colegios electorales de Cataluña, pero para unas nuevas elecciones autonómicas en las que se manifestarán, sin duda, emociones de todos los colores. En cualquier caso, lo único posible pasa por recuperar el consenso sobre las reglas del juego. O lo que es lo mismo, volver a la legalidad vigente.
Hoy todavía podemos recurrir al recuerdo de Joan Serrallonga. Si, llegado el caso, hubiera que hacerlo con el de Lluís Companys, será porque esto se haya vuelto irreversible.