¡A las urnas, ciudadanos!

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Cataluña se dirige irremediablemente hacia unas nuevas elecciones autonómicas. Solo falta ya saber si esos comicios los convocará Carles Puigdemont cuando la CUP le deje en minoría o si lo hará antes Mariano Rajoy recurriendo al artículo 155 de la Constitución. No hay otra salida capaz de sacar a Cataluña del laberinto en el que la ha metido la irresponsabilidad de quienes emprendieron un viaje con un mapa falso y un precipicio por destino. El requerimiento del Gobierno a Puigdemont es puro formulismo, porque es seguro que contestará con otro trabalenguas tan inextricable como cobarde.

Rajoy se ha tomado su tiempo, pero incluso quienes le hemos solicitado reiteradamente desde hace tiempo que actuara con contundencia -y seguimos pensando que debió hacerlo antes-, tenemos que reconocer que ha manejado esta crisis con inteligencia y hasta con cierta habilidad. Sin haber tomado todavía ninguna medida irreversible, tiene al bloque independentista dividido como nunca y al borde de la ruptura. Ha conseguido también que el mundo entero compruebe que Puigdemont no es más que un trilero de la política, y no ese héroe romántico de la independencia que habían comprado insensatamente muchos medios internacionales. Y ha forzado por último al líder socialista, Pedro Sánchez, en contra de lo que era su deseo, a comprometerse pública y nítidamente a respaldar con carácter previo la aplicación del 155 y las medidas coercitivas que conlleve, en lugar de aguardar a que el Gobierno adoptara en solitario esa dura decisión sin asumir así coste político alguno y a la espera de sacar rédito político del conflicto en el futuro.

Es de esperar que esa transmutación de Sánchez en hombre de Estado sea permanente, aunque el hecho de que haya exigido a cambio que Rajoy se comprometa a abrir la vía de una posible reforma de la Constitución no hace albergar grandes esperanzas. Ese camino no va a solucionar el problema catalán. Y, además, no conduce a nada. Es obvio que en las actuales circunstancias abrir el melón constitucional es pegar un peligroso tiro al aire. Y lo es porque en lo que trabajan activamente no solo los independentistas, sino también Podemos, no es en reformar el modelo democrático que los españoles aprobaron por abrumadora mayoría en 1978, sino en acabar con él.

La solución al problema catalán no es un cambio en la Constitución, porque la reforma que se necesitaría es justamente la contraria a la que se está planteando. Es decir, acabar con los privilegios de unas comunidades respecto a otras, garantizar la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles, y no ampliar el error histórico que supuso admitir que haya ciudadanos de primera (vascos, catalanes y navarros) y de segunda (el resto). Y como ni un solo partido está dispuesto a asumir el coste de defender esa posición, lo único que cabe ya es ir a las urnas en Cataluña, mantener la conllevancia orteguiana de los españoles con el independentismo y llevar a la Justicia a quienes han violado la Constitución.

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